Un año después de la muerte de Sandra Peña, su familia sigue esperando respuestas por el acoso escolar que denunció
Los padres de la menor sevillana reclaman responsabilidades al colegio Irlandesas Loreto y una actuación firme de la Junta de Andalucía
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El próximo 14 de octubre se cumple un año de la muerte de Sandra Peña, la estudiante sevillana cuyo caso puso el foco sobre el acoso escolar y la respuesta de los centros educativos ante las denuncias de las familias.
Doce meses después, sus padres siguen reclamando que se esclarezcan las responsabilidades por lo ocurrido en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla.
Aunque la vía penal contra los responsables del centro ha quedado archivada, permanecen pendientes otras actuaciones relacionadas con el caso y una posible respuesta administrativa de la Junta de Andalucía.
Para Zara Villar, madre de Sandra, el paso del tiempo apenas ha cambiado la realidad familiar. En declaraciones realizadas con motivo del aniversario, explica que la pérdida de su hija sigue marcando su vida cotidiana.
A ese dolor se suma la necesidad de conocer por qué, según denuncia, no se activaron los mecanismos de protección previstos para situaciones de acoso.
La familia de Sandra Peña cuestiona la actuación del colegio
Una de las principales reclamaciones de los padres se refiere a los protocolos de actuación que debían proteger a su hija durante su escolarización.
Según sostiene la familia, la dirección del centro les había comunicado que pondría en marcha dos procedimientos establecidos por la administración educativa andaluza: uno relacionado con el acoso escolar y otro destinado a prevenir conductas suicidas.
Los padres aseguran que ninguno llegó a activarse, una circunstancia que consideran fundamental para entender lo sucedido.
Zara Villar también cuestiona la respuesta del profesorado. A su juicio, el centro tenía la obligación de garantizar un entorno seguro y actuar ante las señales que afectaban al bienestar emocional de Sandra.
La familia considera que una intervención adecuada habría permitido ofrecer a la adolescente medidas de apoyo y protección.
Esta valoración forma parte de sus reclamaciones y no supone que exista una resolución judicial que haya establecido una relación causal directa entre la falta de activación de los protocolos y el fallecimiento.
La Justicia archiva la causa penal, pero señala deficiencias
El procedimiento judicial ha dejado una situación especialmente difícil para los padres: la querella penal contra el colegio y varios de sus responsables ha sido archivada, aunque la resolución también recoge reproches sobre la rapidez de la actuación educativa.
La denuncia familiar se dirigía contra el centro, su director, la jefa de estudios y la tutora de Sandra por presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones psíquicas y trato degradante.
La resolución consideró que se habían adoptado determinadas medidas frente a la situación denunciada y que no podía exigirse a los responsables escolares una vigilancia permanente de la adolescente.
También señaló que quienes tenían responsabilidades sobre la protección de los alumnos no respondieron con la diligencia necesaria.
Los padres discrepan del archivo penal, aunque consideran relevante ese reconocimiento de deficiencias en la actuación del centro.
La Fiscalía de Menores de Sevilla mantiene pendiente la conclusión de las diligencias relacionadas con tres menores investigadas por un presunto caso de acoso escolar contra Sandra.
La Junta de Andalucía tiene pendiente una decisión sobre el centro
Más allá del procedimiento penal, la familia reclama consecuencias administrativas si se acreditan incumplimientos suficientemente graves.
La atención se dirige ahora a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que deberá valorar las posibles responsabilidades del colegio y las medidas que correspondan conforme a la normativa.
Entre las consecuencias que podrían estudiarse figura la retirada del concierto educativo, siempre que se acreditase una infracción de la gravedad exigida legalmente.
Los padres defienden que una respuesta administrativa contundente serviría también para reforzar la protección de otros estudiantes que puedan encontrarse en situaciones similares.
Durante este primer año, la familia ha trasladado públicamente sus reivindicaciones y ha recibido muestras de apoyo de personas preocupadas por el acoso escolar.
Zara Villar considera que la repercusión del caso refleja una preocupación compartida por muchas familias y docentes. Su objetivo sigue siendo obtener respuestas sobre lo ocurrido y conseguir que las denuncias de acoso reciban una intervención efectiva antes de que las situaciones se agraven.