Vagones de tren volcados y agentes de la Guardia Civil.
Imagen de la Guardia Civil del descarriamiento en Adamuz.

La Fiscalía Europea vuelve a investigar el AVE Madrid-Sevilla tras el accidente de Toledo, la UCO interviene en Adif

Las actuaciones afectan también a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al Tribunal de Cuentas

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La Fiscalía Europea ha abierto una nueva investigación sobre el uso de fondos de la Unión Europea destinados a la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La decisión llega después del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) y supone la segunda causa iniciada este año sobre posibles irregularidades en esta infraestructura.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil colabora en las diligencias que se desarrollan este viernes, 6 de noviembre, en las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía Europea investiga el dinero destinado a la seguridad del AVE Madrid-Sevilla

El nuevo procedimiento judicial se centra en comprobar si pudieron cometerse irregularidades en la utilización de financiación comunitaria asignada a trabajos de modernización ferroviaria.

En concreto, las pesquisas afectan a proyectos relacionados con la renovación de la infraestructura, la mejora de los sistemas de seguridad, la señalización y las comunicaciones de la línea Madrid-Sevilla.

La Fiscalía Europea ha confirmado que la investigación comenzó por iniciativa propia, sin necesidad de una denuncia previa.

Como parte de las actuaciones, los investigadores están recabando información en las instalaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas.

La operación cuenta con la colaboración de agentes de la UCO, unidad especializada de la Guardia Civil que participa en investigaciones de especial complejidad.

Por el momento, el organismo europeo no ha identificado públicamente a personas investigadas ni ha comunicado cantidades económicas presuntamente defraudadas.

Tampoco ha precisado qué contratos concretos están siendo examinados o si existen indicios suficientes para atribuir responsabilidades penales.

La Fiscalía ha explicado que la confirmación de estas diligencias responde al elevado interés público del caso, aunque ha advertido de que no facilitará más información durante esta fase inicial.
Fiscalía Europea+1

Dos investigaciones en el mismo año tras los accidentes de Adamuz y Urda

La nueva causa no es la primera que las autoridades europeas abren sobre la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla.

El pasado 20 de marzo, la Fiscalía Europea puso en marcha otra investigación relacionada con el mantenimiento de esta infraestructura después del accidente ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Aquel procedimiento se centró en examinar posibles irregularidades en el empleo de fondos comunitarios destinados a trabajos ferroviarios en el entorno del punto kilométrico 318,7, próximo a la localidad cordobesa.

Ahora, el accidente registrado el 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo, ha precedido a la apertura de una segunda investigación sobre la misma conexión ferroviaria.

Ambas actuaciones comparten el interés por determinar si los recursos económicos procedentes de la Unión Europea fueron utilizados correctamente en las intervenciones previstas.

Sin embargo, la existencia de estos procedimientos no permite concluir que se haya producido un fraude ni que las posibles irregularidades económicas estén relacionadas directamente con las causas técnicas de los accidentes.

Esas cuestiones deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes, que tienen objetivos y ámbitos de actuación diferentes.

Qué busca la investigación europea y qué organismos están implicados

La Fiscalía Europea (EPPO) es un organismo independiente encargado de investigar y perseguir delitos que puedan perjudicar los intereses financieros de la Unión Europea.

Entre sus competencias se encuentran los posibles fraudes relacionados con subvenciones, contratos y otros recursos procedentes del presupuesto comunitario.

En este caso, su intervención responde a la existencia de financiación europea destinada a actuaciones de renovación y mejora de la línea ferroviaria.

La participación de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas en las diligencias permite a los investigadores examinar documentación vinculada a la gestión de las infraestructuras, la supervisión de la seguridad y la fiscalización económica.

La Fiscalía no ha aclarado todavía si las actuaciones se limitarán a la recopilación de documentos o si se ampliarán a nuevas diligencias.

El organismo europeo mantiene abiertas las pesquisas sobre el posible uso irregular de fondos públicos en una infraestructura que ha sufrido dos accidentes graves durante 2026.

La investigación deberá determinar si existen hechos constitutivos de delito y, en su caso, identificar a los posibles responsables, sin que hasta ahora se haya anunciado ninguna conclusión sobre el destino de los fondos examinados.