Una red cobraba hasta 10.000 euros por simular matrimonios en Sevilla, ya hay 24 detenidos
La Policía Nacional sitúa a un abogado y a la presunta responsable de la organización en el centro de la trama
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Una investigación de la Policía Nacional ha destapado en Sevilla un sistema para conseguir de manera fraudulenta autorizaciones de residencia mediante matrimonios ficticios y parejas de hecho simuladas.
La denominada operación Boni deja hasta el momento 24 personas detenidas y una documentación que, según las pesquisas policiales, revela cómo se construían expedientes destinados a aparentar relaciones y convivencias inexistentes.
Los ciudadanos extranjeros que recurrían a esta vía, principalmente de origen marroquí, pagaban entre 7.000 y 10.000 euros por los trámites.
Contratos, facturas y reservas para construir una convivencia ficticia
El mecanismo investigado no se limitaba a formalizar matrimonios o parejas de hecho entre personas sin una relación real. Para dar apariencia de veracidad a esos vínculos, la organización presuntamente generaba documentación con la que trataba de demostrar que las parejas compartían una vida en común.
Entre los documentos analizados aparecen contratos de arrendamiento, facturas y reservas hoteleras. El objetivo era incorporarlos a los correspondientes expedientes administrativos y respaldar así las solicitudes para conseguir tarjetas de residencia.
El análisis de ese material resultó especialmente relevante para los investigadores. Los informes periciales caligráficos concluyeron que una parte importante de los documentos habría sido confeccionada por una misma persona.
Para la Policía, este elemento apunta a una elaboración sistemática y centralizada de los papeles utilizados en los diferentes expedientes.
Las comprobaciones también permitieron detectar situaciones en las que se intentaba acreditar una convivencia entre personas que, de acuerdo con la investigación, ni siquiera se conocían. Esas inconsistencias reforzaron las sospechas sobre el funcionamiento de la trama.
Un abogado y la presunta responsable, en el foco de la operación
Las pesquisas arrancaron después de que los agentes localizaran abundante documentación que despertó sospechas sobre posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular y la falsedad documental. A partir de ese material comenzó a tomar forma la operación Boni.
Desde las primeras fases de la investigación, los agentes centraron su atención en dos figuras. Una de ellas es un abogado con despacho profesional en Sevilla. La otra es una mujer a la que los investigadores identifican como la presunta responsable de la organización y a quien atribuyen tareas de captación, coordinación y control de las actividades de la red.
La documentación intervenida permitió reconstruir el procedimiento que presuntamente se seguía para presentar ante la Administración relaciones personales que no eran reales. Los expedientes incorporaban distintos justificantes destinados a reforzar esa apariencia y facilitar la obtención de la documentación de residencia.
Entre 7.000 y 10.000 euros por conseguir la residencia
La investigación policial sitúa el precio de estos trámites fraudulentos entre los 7.000 y los 10.000 euros por persona. Los destinatarios eran ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí, que buscaban regularizar su situación administrativa en España a través de las tarjetas de residencia obtenidas con documentación falsa.
Hasta el momento se contabilizan 24 detenidos en relación con la operación. Las actuaciones policiales han permitido intervenir y examinar los documentos utilizados para sustentar los expedientes y determinar el papel atribuido a los distintos implicados.
El caso muestra además el grado de preparación documental que, según las pesquisas, acompañaba a las uniones ficticias: no bastaba con formalizar el vínculo, sino que se generaban pruebas destinadas a ofrecer una imagen coherente de convivencia ante la Administración.
Contratos, facturas y reservas se convertían así en piezas de expedientes con los que se pretendía conseguir de forma fraudulenta las autorizaciones de residencia.