Sevilla tendrá que revisar sus normas de tráfico y los cambios que ya afectan a patinetes, bicicletas y conductores
El nuevo Reglamento General de Circulación introduce nuevas reglas para patinetes, bicicletas, motos y peatones
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La movilidad en Sevilla afronta un nuevo cambio normativo. Desde este pasado 1 de octubre está en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación, aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, que refuerza la protección de peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP).
El nuevo marco estatal introduce obligaciones que afectan directamente a los desplazamientos urbanos y que deberán quedar reflejadas en la regulación municipal allí donde sea necesario.
Patinetes: casco obligatorio y edad mínima de 15 años
Uno de los cambios más visibles afecta a los patinetes eléctricos. La normativa estatal fija en 15 años la edad mínima para conducir un VMP y establece la obligatoriedad de utilizar casco de protección. Durante la noche o cuando exista poca visibilidad también será obligatorio llevar un elemento reflectante.
Hay otra modificación prevista, aunque todavía no resulta exigible. Los VMP tendrán que circular con el alumbrado permanentemente encendido, incluso durante el día, pero esta obligación entrará en vigor el 1 de octubre de 2027.
Sevilla ya había dado un paso importante este mismo año. El Pleno municipal aprobó en febrero una modificación de los artículos 51 bis y 145 bis de su Ordenanza de Circulación para adaptar la regulación de los VMP a la legislación estatal existente. La reforma fue publicada el 24 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia.
La regulación sevillana mantiene además una regla básica: los patinetes no pueden circular por aceras ni zonas peatonales. En determinadas condiciones sí pueden utilizar las vías ciclistas y circular por la calzada conforme al régimen establecido por las normas estatales y municipales.
Las bicicletas ganan nuevas reglas dentro de la ciudad
La reforma también cambia la convivencia entre coches y bicicletas. En vías urbanas, los ciclistas deberán circular preferentemente por el centro del carril. Cuando un vehículo a motor circule detrás de una bicicleta en ese mismo carril tendrá que guardar una distancia mínima de cinco metros.
El reglamento abre además la posibilidad de que los ayuntamientos autoricen a las bicicletas a circular en ambos sentidos en calles de un único carril cuya velocidad máxima sea de 30 kilómetros por hora, siempre con la señalización correspondiente.
No significa, por tanto, que cualquier calle de estas características pase automáticamente a admitir bicicletas en sentido contrario: la decisión corresponde a la autoridad municipal.
En Sevilla, la ordenanza ya contiene una regulación extensa sobre bicicletas, vías ciclistas, zonas peatonales y convivencia con los peatones. La entrada en vigor del nuevo marco estatal obliga ahora a armonizar las disposiciones locales que puedan verse afectadas.
Semáforos, motos y nuevas obligaciones en las calles
Los cambios van más allá de bicicletas y patinetes. En los pasos de peatones regulados por semáforo, como regla general, ya no podrá coincidir la luz ámbar intermitente dirigida a los vehículos con la luz verde para los peatones.
La medida afecta a la regulación de cruces urbanos y busca evitar situaciones en las que vehículos y viandantes recibían simultáneamente indicaciones que podían generar conflictos.
Los motoristas también tienen nuevas obligaciones. El calzado cerrado pasa a ser obligatorio en cualquier tipo de vía, mientras que en las carreteras interurbanas se exige el uso de guantes de protección.
La norma contempla además que las motocicletas puedan utilizar el arcén derecho durante situaciones de congestión, siempre que el tramo esté señalizado para ello y sin superar los 30 kilómetros por hora.
El resultado es un marco de circulación urbana más detallado que el existente hasta ahora. Para Sevilla, donde bicicletas y patinetes forman parte habitual del tráfico diario y cuentan con regulación municipal propia, la entrada en vigor del Real Decreto obliga a revisar la ordenanza y su aplicación para asegurar que las normas locales sean compatibles con las nuevas disposiciones estatales.