La constructora del puente del Centenario rompe con el Gobierno y reclama medio millón por las obras
La constructora del puente del Centenario reclama más dinero tras el frenazo de las obras en Sevilla
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La remodelación del puente del Centenario de Sevilla ha entrado en una nueva fase de conflicto administrativo y económico después de que la unión temporal de empresas encargada de las obras reclamara una compensación millonaria por la paralización de los trabajos.
El enfrentamiento entre la constructora y el Ministerio de Transportes añade más incertidumbre a una infraestructura fundamental para el tráfico del área metropolitana, donde las demoras ya acumulan meses y los sobrecostes han elevado notablemente el presupuesto inicial.
La empresa adjudicataria sostiene que los cambios introducidos durante la ejecución del proyecto y la ralentización de las actuaciones han provocado perjuicios económicos que ahora exige compensar.
El caso afecta directamente a una de las mayores actuaciones viarias desarrolladas en Sevilla en los últimos años y vuelve a poner el foco sobre el incremento de costes en grandes obras públicas.
Puente del Centenario: un proyecto marcado por retrasos y modificaciones
La remodelación del puente del Centenario fue adjudicada en 2021 por unos 86 millones de euros con el objetivo de ampliar la capacidad de tráfico y mejorar la conexión de la SE-30.
El plan incluía la construcción de nuevos tirantes y la ampliación de carriles para aliviar uno de los puntos más congestionados del cinturón de Sevilla.
Sin embargo, la ejecución se complicó desde las primeras fases. La subida del precio de los materiales tras la invasión rusa de Ucrania alteró los costes previstos y obligó a revisar partidas económicas. A eso se sumaron modificaciones técnicas relacionadas con la estructura metálica y con el sistema de atirantado del puente.
Las ingenierías encargadas de supervisar la actuación plantearon además cambios en el diseño para reducir el peso de determinados elementos estructurales. Esa decisión obligó a reformular parte del proyecto y provocó nuevas diferencias entre el Ministerio y la empresa constructora.
Las obras llegaron a superar el 60% de ejecución, pero durante los últimos meses el ritmo cayó de forma notable hasta rozar la práctica paralización. El conflicto económico terminó trasladándose al terreno jurídico y contractual.
La reclamación económica abre otro frente
La constructora considera que las modificaciones acumuladas superan los límites previstos inicialmente en el contrato y entiende que eso justifica una compensación económica adicional.
El Ministerio, en cambio, rechazó nuevas revisiones presupuestarias al considerar que el incremento total excedía los márgenes permitidos por la legislación de contratos públicos.
La diferencia entre ambas partes no es menor. El coste de la actuación se aproxima ya a los 120 millones de euros, muy por encima de la cifra de adjudicación.
La empresa defiende que las alteraciones técnicas y la evolución de los precios han cambiado completamente las condiciones bajo las que aceptó el contrato.
La situación desembocó en una petición formal de rescisión contractual por parte de la UTE responsable de la obra. Pese a ello, Transportes mantiene que la infraestructura no quedará abandonada y que las actuaciones imprescindibles para garantizar la seguridad deberán completarse antes de sacar a concurso una nueva adjudicación.
El conflicto ha provocado además una fuerte reacción política en Sevilla y Andalucía. Tanto la Junta como el Ayuntamiento han criticado la gestión del proyecto y alertan del impacto que puede tener sobre la movilidad de la ciudad y sobre el coste final para las administraciones públicas.
Transportes prepara un nuevo concurso
El Ministerio trabaja ya en la fórmula para relicitar la parte pendiente de las obras una vez quede cerrada la situación contractual actual. La prioridad pasa por asegurar la estabilidad estructural del puente y mantener la circulación mientras se reorganiza el proyecto.
El puente del Centenario soporta diariamente decenas de miles de vehículos y constituye uno de los accesos estratégicos a Sevilla desde la zona portuaria y el Aljarafe. Cualquier retraso adicional afecta directamente a la SE-30, donde las retenciones son habituales desde hace años.
Mientras continúa el procedimiento administrativo, el Gobierno insiste en que la infraestructura seguirá operativa y que no existe un problema de seguridad para los conductores.
La empresa, por su parte, mantiene abierta la reclamación económica derivada de la paralización y de las modificaciones acumuladas durante la ejecución de la obra.