Educación desmonta la versión del colegio de Sandra Peña: no activó medidas contra el acoso
Educación concluye que el colegio de Sandra Peña no activó medidas adecuadas frente al acoso escolar
Síguenos en Google
La investigación interna de la Inspección Educativa sobre el caso de Sandra Peña contradice parte de las conclusiones judiciales conocidas hasta ahora.
Un informe elaborado por la Junta de Andalucía sostiene que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla no inició un procedimiento corrector ante las situaciones de acoso denunciadas por la familia de la menor y tampoco activó los protocolos específicos previstos para estos casos.
El documento, fechado pocos días después de la muerte de la adolescente de 14 años, señala que existían “indicadores de alerta suficientes” para haber puesto en marcha tanto medidas contra el acoso escolar como actuaciones vinculadas a conductas autolesivas.
La información, adelantada por Diario de Sevilla, reabre el debate sobre la respuesta del centro educativo y el alcance de las actuaciones realizadas antes del suicidio de la menor.
Caso Sandra Peña: un informe que cuestiona la actuación del centro
La Inspección Educativa concluye que no consta que el colegio iniciara un “procedimiento corrector” frente a las conductas denunciadas por la familia de Sandra Peña. Esa apreciación choca con el auto emitido recientemente por el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla, que archivó provisionalmente la querella presentada por los padres contra responsables del centro educativo.
El juez consideró que el colegio sí adoptó algunas medidas organizativas, como separar a alumnas implicadas y mantener contactos con profesionales externos, aunque reconoció que no llegó a activarse formalmente el protocolo de acoso escolar.
En su resolución, el magistrado entendió que no podía establecerse una relación penal directa entre la actuación del centro y el fallecimiento de la menor.
Sin embargo, el informe de la Inspección añade un elemento relevante porque sostiene que sí había señales suficientes para elevar el nivel de actuación. Entre esas señales, los inspectores mencionan antecedentes comunicados por la familia, conflictos reiterados con otras alumnas y síntomas que requerían una intervención específica prevista en la normativa educativa andaluza.
La familia había denunciado en varias ocasiones que Sandra sufría hostigamiento desde hacía meses. Según relataron sus padres tras el fallecimiento, las advertencias trasladadas al colegio no derivaron en la activación oficial de los protocolos autonómicos de prevención del bullying.
La causa judicial sigue abierta en menores
Aunque la querella contra el colegio ha quedado archivada de forma provisional, otra línea judicial continúa abierta.
El Juzgado de Menores de Sevilla mantiene una investigación sobre tres alumnas señaladas como presuntas acosadoras de Sandra Peña. Esa causa avanza de manera independiente y sigue bajo supervisión de la Fiscalía de Menores.
El caso provocó una fuerte repercusión social en Sevilla y abrió un debate político sobre la eficacia real de los protocolos contra el acoso escolar en centros concertados y públicos.
La Junta de Andalucía llegó a abrir un expediente informativo al colegio Irlandesas Loreto para revisar su actuación administrativa y determinar si existió incumplimiento de obligaciones educativas.
Expertos en convivencia escolar vienen alertando desde hace años de que muchos casos de acoso no llegan a tramitarse formalmente porque los centros intentan resolverlos de manera interna o consideran insuficientes las pruebas iniciales.
Especialistas consultados en distintos informes periodísticos señalan que esa práctica puede retrasar intervenciones clave en situaciones de vulnerabilidad psicológica de menores.
El informe incrementa la presión sobre Educación
La aparición del informe de Inspección vuelve a situar el foco sobre la actuación de la administración educativa y sobre los mecanismos de detección temprana del acoso escolar.
La documentación interna conocida ahora sostiene expresamente que existían elementos suficientes para activar herramientas de protección que finalmente no se pusieron en marcha.
Los padres de Sandra Peña ya han anunciado que recurrirán el archivo judicial de la querella contra el colegio. La familia considera que el contenido del informe refuerza su versión sobre la falta de respuesta adecuada ante las denuncias previas.
Mientras tanto, el caso sigue pendiente de nuevas decisiones judiciales y administrativas. La investigación de menores continúa abierta y la revisión de las actuaciones educativas mantiene vivo un asunto que ha vuelto a colocar el acoso escolar en el centro del debate público en Andalucía.