Cambio judicial en la mina de Aznalcóllar tras años de litigio por su adjudicación
El TSJA reactiva el litigio por la mina de Aznalcóllar tras quedar despejada la vía penal
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El futuro judicial de la mina de Aznalcóllar vuelve a moverse. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado levantar la suspensión que mantenía paralizado el procedimiento contencioso-administrativo sobre la adjudicación de los derechos de explotación.
La decisión llega después del desenlace de la causa penal relacionada con el concurso impulsado por la Junta de Andalucía, en la que la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los 16 acusados.
Con ese obstáculo despejado, el tribunal podrá retomar el recurso promovido por Emerita Resources España contra el resultado del proceso de adjudicación.
El TSJA considera que ya no existen motivos para mantener paralizado el procedimiento
La suspensión del contencioso estaba vinculada directamente al proceso penal abierto alrededor del concurso para la reapertura de la explotación minera sevillana. El TSJA había optado por esperar al resultado de esa causa antes de continuar con el análisis del recurso administrativo.
La situación ha cambiado tras la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla. Una vez absueltos los 16 acusados por el supuesto amaño del concurso, el TSJA entiende que han desaparecido las circunstancias que justificaban mantener detenido el procedimiento por prejudicialidad penal.
De esta forma, la vía contencioso-administrativa recupera ahora su recorrido propio.
El tribunal ha solicitado además a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla que le remita una copia testimoniada de la sentencia dictada en el procedimiento penal, junto al auto que declara su firmeza parcial. Esta documentación se incorporará al procedimiento que vuelve a quedar activo.
El levantamiento de la suspensión no supone por sí mismo una decisión sobre el fondo del recurso. Lo que hace es permitir que el procedimiento continúe después del paréntesis impuesto mientras se resolvía la vertiente penal del caso.
Un conflicto que arranca con la adjudicación de la explotación minera
El origen del litigio se encuentra en el concurso público convocado para recuperar la actividad extractiva en Aznalcóllar. En marzo de 2015, la Administración andaluza adjudicó a Minorbis-Grupo México la preferencia para desarrollar las actividades extractivas en la zona minera.
La resolución establecía un periodo de vigencia de la concesión de 30 años, con posibilidad de prórroga conforme a la normativa aplicable, y reconocía al adjudicatario el derecho a realizar trabajos de investigación y acceder a la explotación de los recursos una vez cumplidos los trámites correspondientes.
Emerita Resources, que no resultó seleccionada en aquel procedimiento, llevó la adjudicación a los tribunales. El contencioso quedó condicionado posteriormente por la existencia de la investigación penal sobre el propio concurso, circunstancia que llevó al TSJA a suspender su tramitación hasta conocer qué ocurría en esa jurisdicción.
La absolución de los acusados ha eliminado ahora ese condicionante procesal, aunque la controversia administrativa sobre la adjudicación mantiene su propio recorrido judicial.
El proyecto minero recibió luz verde de la Junta en 2025
La reactivación del procedimiento judicial se produce con el proyecto de Aznalcóllar en una fase administrativa muy distinta a la de los primeros años del conflicto.
En mayo de 2025, la Dirección General de Minas aprobó el proyecto de explotación, las instalaciones auxiliares y el plan de restauración del derecho minero denominado “Zona Aznalcóllar”, cuyo promotor es Minera Los Frailes S.L.
La zona afectada por ese proyecto comprende terrenos de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Valencina de la Concepción, Olivares, Salteras y Santiponce, todos ellos en la provincia de Sevilla.
La Junta presentó aquella autorización como el último trámite autonómico necesario para permitir el inicio de los trabajos de construcción de la nueva explotación.
El nuevo movimiento del TSJA devuelve así el foco al frente judicial abierto por la adjudicación original.
Tras años condicionado por la causa penal, el recurso contencioso podrá continuar su tramitación y abordar la controversia administrativa que quedó pendiente.