El caso Marta del Castillo vuelve al juzgado por el perito que analizó el móvil de Miguel Carcaño
El Colegio de Informática pide llevar a juicio al perito que analizó el móvil de Carcaño en el caso Marta del Castillo
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El procedimiento abierto alrededor de la pericial informática realizada sobre el teléfono de Miguel Carcaño afronta una nueva etapa.
El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) mantiene su ofensiva judicial contra Manuel Huerta, responsable de Lazarus Technology, por su intervención en el análisis encargado dentro de las diligencias relacionadas con la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo.
La cuestión que sigue en el centro del procedimiento es si Huerta disponía de la titulación académica necesaria para asumir ese trabajo como perito informático.
Marta del Castillo: una causa que fue archivada y después reabierta
La investigación ha recorrido un camino judicial con varios giros. El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla acordó inicialmente el sobreseimiento de las actuaciones en marzo de 2025.
El instructor mantuvo posteriormente esa decisión al resolver el recurso presentado por el decano del colegio profesional.
La situación cambió en noviembre de ese mismo año. La Audiencia Provincial de Sevilla estimó el recurso contra el archivo y consideró necesario continuar las pesquisas para comprobar una cuestión concreta: si el informe informático había sido elaborado por una persona con la titulación correspondiente.
El tribunal descartó entonces que existieran elementos suficientes para continuar investigando una posible revelación de secretos, pero entendió que la vertiente relacionada con el presunto intrusismo profesional debía aclararse.
La reapertura llevó a Manuel Huerta a declarar como investigado en enero de 2026 ante el Juzgado de Instrucción número 7. Lo hizo mediante videoconferencia.
Según la información publicada entonces, no presentó durante esa comparecencia el título académico oficial que le había sido requerido, aunque manifestó su intención de incorporarlo posteriormente al procedimiento.
El informe sobre el teléfono de Miguel Carcaño
El origen del conflicto está en el análisis realizado por Lazarus Technology sobre uno de los teléfonos de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de prisión por el asesinato de Marta del Castillo.
La pericial formaba parte de las actuaciones encaminadas a intentar obtener información que pudiera resultar útil para localizar el cuerpo de la joven sevillana, desaparecido desde enero de 2009.
El CPITIA sostiene desde hace años que Huerta no contaba con una titulación oficial habilitante para ejercer como ingeniero técnico en informática y que tampoco figuraba colegiado.
El responsable de Lazarus, por su parte, ha defendido públicamente su capacitación y experiencia profesional y ha sostenido que no resulta obligatorio disponer de una titulación oficial para intervenir como perito judicial en todos los supuestos.
La discrepancia sobre este punto terminó trasladándose a los tribunales y se convirtió en una causa independiente de la investigación sobre el asesinato.
La investigación permanece abierta hasta noviembre
El Juzgado de Instrucción número 7 decidió en abril ampliar otros seis meses el plazo de investigación, con efectos desde el 21 de mayo. La instrucción puede prolongarse así hasta el 21 de noviembre de 2026 mientras se completan las diligencias pendientes.
Entre las cuestiones planteadas durante la causa también figura la participación de otros seis colaboradores de Lazarus Technology en la elaboración del informe.
El decano del CPITIA, Pedro de la Torre, llegó a solicitar que fueran citados como investigados al considerar que tampoco dispondrían de la titulación académica que el colegio entiende necesaria para realizar este tipo de periciales.
Huerta señaló durante su declaración que en el trabajo habían participado esos seis colaboradores y los presentó como titulados en Informática.
El juzgado dejó pendiente la decisión sobre nuevas diligencias hasta recibir determinada documentación solicitada durante la instrucción.
El procedimiento, por tanto, no afecta a la condena de Miguel Carcaño ni supone una reapertura del juicio por el asesinato de Marta del Castillo.
Se centra en determinar si la intervención profesional realizada durante el análisis informático del teléfono pudo vulnerar las normas que regulan el ejercicio profesional.