El caso de Sandra Peña sigue abierto y la Fiscalía investiga a tres menores por el presunto acoso escolar
Un año después de la muerte de la adolescente sevillana, la investigación sobre sus compañeras acosadoras continúa
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La investigación por el presunto acoso escolar sufrido por Sandra Peña, la adolescente de 14 años que murió el 14 de octubre de 2025 en Sevilla, continúa abierta en la Fiscalía de Menores.
Tres antiguas compañeras del colegio Irlandesas de Loreto siguen vinculadas al expediente que trata de esclarecer su posible participación en los hechos denunciados por la familia.
El procedimiento permanece separado de la causa penal contra los responsables del centro educativo, cuyo archivo fue confirmado en septiembre por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Caso Sandra Peña: la investigación sobre las tres menores continúa su curso
El primer aniversario de la muerte de Sandra Peña llega sin que se haya cerrado el expediente abierto contra las tres adolescentes señaladas por su presunta implicación en el acoso escolar.
La Fiscalía de Menores mantiene las actuaciones para determinar qué ocurrió y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
La investigación se centra en las conductas que presuntamente sufrió Sandra durante su etapa escolar. Su familia había comunicado al colegio que la adolescente estaba atravesando una situación de acoso por parte de varias compañeras y reclamaba una intervención que pusiera fin a esos comportamientos.
La existencia de este procedimiento no supone que las menores investigadas hayan sido declaradas responsables. Corresponde a las autoridades judiciales valorar las pruebas y determinar si los hechos constituyen alguna infracción penal.
El caso ha seguido dos recorridos judiciales diferenciados: uno relacionado con las presuntas acosadoras y otro dirigido a esclarecer si la actuación de los responsables educativos podía tener consecuencias penales.
La Audiencia cuestiona la actuación del colegio, pero descarta la vía penal
La situación judicial del centro quedó definida el pasado septiembre, cuando la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó el archivo de la querella presentada por los padres de Sandra contra el colegio Irlandesas de Loreto y varios de sus responsables.
La familia había denunciado una posible responsabilidad por homicidio imprudente, lesiones psíquicas y trato degradante, al considerar que no se había respondido adecuadamente a las advertencias sobre el acoso.
Aunque los magistrados apreciaron deficiencias en la actuación del centro, concluyeron que no existían elementos suficientes para establecer la relación causal exigida para atribuir responsabilidad penal por la muerte de la adolescente.
La resolución no equivale a considerar adecuada la respuesta del colegio. De hecho, la Audiencia calificó de insuficiente su intervención ante una situación que había sido comunicada previamente por la familia.
Los responsables educativos conocían las denuncias desde febrero de 2025 y recibieron información psicológica sobre el estado de Sandra. Sin embargo, no consta que activaran los protocolos específicos de acoso escolar y prevención correspondientes.
La Junta de Andalucía mantiene pendiente una posible sanción al centro educativo
Al margen de los procedimientos judiciales, la Junta de Andalucía mantiene abierto un expediente administrativo relacionado con la actuación del colegio. La Consejería de Desarrollo Educativo investiga la falta de activación de los protocolos y las posibles responsabilidades derivadas de esa omisión.
La Administración autonómica ha vinculado la resolución del expediente a las conclusiones pendientes sobre el caso. La investigación administrativa es independiente de la responsabilidad penal y puede dar lugar a medidas sancionadoras aunque no exista una condena judicial.
La muerte de Sandra también ha impulsado modificaciones en los procedimientos de prevención del acoso escolar en Andalucía. Entre ellas figura la posibilidad de trasladar de centro al alumno responsable del acoso, en lugar de obligar a la víctima a cambiar de colegio, siempre mediante el correspondiente expediente y con garantías legales.
Según los datos educativos difundidos por la Junta, durante el curso 2024-2025 se activaron más de 3.400 protocolos relacionados con situaciones de acoso y otros riesgos para el alumnado. De ellos, 236 terminaron con la confirmación de casos de acoso escolar.
Mientras continúa la investigación sobre las tres menores, los padres de Sandra siguen pendientes de las decisiones de la Fiscalía y de la resolución administrativa sobre el colegio en el que estudiaba su hija.