La tarde del 29 de octubre, cuando la DANA azotaba con fuerza la Comunidad Valenciana, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se convirtió en el epicentro de una crisis sin precedentes. En medio de la incertidumbre y la presión, se barajaron diversas opciones para hacer frente a la catástrofe, entre ellas, una de las más radicales: el confinamiento de la población.
Con la ausencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, tomó las riendas de la reunión. A las 18:10 horas, en un ambiente de creciente tensión, se planteó la posibilidad de emitir una alerta masiva a la población, instándoles a refugiarse en las partes más altas de sus viviendas y lugares de trabajo. La palabra «confinamiento», cargada de connotaciones por la reciente pandemia, resonó en la sala.
Sin embargo, surgieron numerosas dudas sobre la viabilidad y las implicaciones legales de tal medida. La falta de consenso y la complejidad de la situación generaron un enredo que retrasó la toma de decisiones. Mientras tanto, la situación en las calles se agravaba por momentos.
Cuando finalmente llegó el presidente Mazón, pasadas las 19:30 horas, el caos ya era evidente. La falta de coordinación y la avalancha de información dificultaban la toma de decisiones. Tras intensas deliberaciones, se optó por un mensaje más cauteloso, recomendando a la población evitar cualquier desplazamiento en la provincia de Valencia. Sin embargo, esta medida llegó demasiado tarde para muchos municipios que ya se encontraban inundados.
La decisión de no ordenar un confinamiento masivo ha sido objeto de debate y controversia. Algunos expertos han cuestionado si esta medida habría podido evitar algunas de las tragedias ocurridas. Otros, en cambio, han defendido la complejidad de la situación y la dificultad de tomar decisiones en tiempo real.
Lo cierto es que la gestión de la crisis de la DANA ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los protocolos de actuación ante este tipo de eventos extremos. La falta de coordinación, la lentitud en la toma de decisiones y la ausencia de un plan de emergencia claro fueron algunos de los factores que agravaron la situación.
Un análisis de las decisiones fallidas
A pesar de la gravedad de la situación y de las evidentes señales de alarma, la decisión de emitir un aviso masivo a la población se demoró de manera inexplicable. Las investigaciones periodísticas revelan que, a pesar de que la presa de Forata acaparaba la atención de los expertos, la preocupación se extendía a toda la provincia. Las múltiples llamadas al 112, los informes de los alcaldes y las imágenes que circulaban en redes sociales dibujaban un panorama desolador, especialmente en localidades como Chiva, Cheste y Utiel.
¿Por qué no se activó la alerta a tiempo?
La pregunta que flota en el aire es por qué, a pesar de la gravedad de la situación y de las propuestas de confinar a la población, la alerta no se emitió de manera inmediata. La ministra Teresa Ribera ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Júcar, presente en el Cecopi, advirtió sobre la falta de decisión y la necesidad de una intervención urgente a nivel estatal.
La crisis de la DANA no se limitaba a la presa de Forata. La pequeña presa de Buseo, en Chera, también se encontraba al límite, poniendo en riesgo a las poblaciones cercanas. Las consecuencias de la DANA fueron devastadoras, dejando un saldo de víctimas mortales y pérdidas materiales incalculables. La gestión de la crisis fue pésima debiendo, inexcusablemente, de depurar responsabilidades.
