Andalucía cierra 14.755 pisos turísticos ilegales y dispara la vigilancia este verano
Andalucía intensifica el control sobre los pisos turísticos tras cerrar 14.755 alojamientos ilegales desde 2024
La presión sobre la vivienda en Andalucía, el auge del turismo y la proximidad de la temporada alta han reabierto el debate sobre los pisos turísticos.
La Junta de Andalucía, los ayuntamientos y los tribunales han elevado en los últimos meses el control sobre este mercado, con miles de cancelaciones administrativas y nuevas limitaciones locales.
El fenómeno, concentrado durante años en la costa y en los cascos históricos de grandes ciudades como Málaga o Sevilla, se extiende también a municipios del interior y zonas rurales, según reflejan los datos oficiales.
Más inspecciones y una unidad policial para detectar alojamientos irregulares
El Gobierno andaluz ha reforzado su estrategia contra las viviendas turísticas que operan fuera de la normativa. Entre las medidas activadas figura una ciberpatrulla policial, conocida como grupo Titán, destinada a rastrear anuncios y detectar alojamientos sin licencia o con documentación irregular. A ello se suma el aumento de inspectores y expedientes abiertos.
Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 20 de abril de este año, la administración autonómica ha cancelado 14.755 viviendas de uso turístico. El mayor volumen de cierres se produjo en 2025, con 6.860 bajas registradas. En lo que va de 2026, la cifra asciende ya a 2.087 cancelaciones.
Las causas más habituales de sanción son la ausencia de inscripción en el registro oficial andaluz o el incumplimiento de los requisitos exigidos para operar legalmente. En muchos casos, se trata de inmuebles que nunca llegaron a regularizar su situación.
Otro dato relevante es el cambio en el origen de las actuaciones. Durante este año, los expedientes iniciados de oficio por la administración prácticamente igualan a las denuncias presentadas por particulares, vecinos o interesados. El movimiento indica una vigilancia más activa por parte de la Junta, sin depender solo de reclamaciones externas.
Málaga marca el camino judicial y los ayuntamientos estudian límites
La discusión no se libra solo en el terreno administrativo. También ha llegado a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló el pasado 18 de febrero la decisión del Ayuntamiento de Málaga de limitar al 8% las viviendas turísticas sobre el total del parque residencial en determinados barrios.
La resolución respalda las restricciones municipales al entender que responden a fines legítimos: proteger el derecho a la vivienda, preservar el uso residencial de zonas tensionadas, evitar la saturación turística y garantizar la convivencia vecinal.
El fallo supone un precedente relevante para otros municipios andaluces que buscan fórmulas similares. Varias ciudades analizan ordenanzas urbanísticas o topes por barrios para contener la expansión de este tipo de alojamientos en áreas donde el alquiler residencial se ha encarecido de forma sostenida.
En Málaga, epicentro del debate, la medida fue recurrida por empresarios del sector, contrarios a las limitaciones impulsadas por el alcalde Francisco de la Torre. Sin embargo, el respaldo judicial fortalece la capacidad regulatoria de los consistorios.
Málaga y Cádiz lideran los cierres en 2026 mientras crece la tensión política
Por provincias, Málaga encabeza este año el número de viviendas turísticas clausuradas, con 678 cancelaciones hasta abril. Le sigue Cádiz, con 438. Granada ocupa la tercera posición con 252, aunque los datos muestran una desaceleración respecto a ejercicios anteriores.
En Sevilla capital se han cerrado 132 pisos turísticos en los primeros cuatro meses del año, además de otras 47 viviendas en el resto de la provincia.
Mientras avanzan las inspecciones, continúa la confrontación política entre el Gobierno central y la Junta sobre las competencias para cancelar anuncios y perseguir irregularidades. Ese choque institucional ha llegado incluso al ámbito europeo.
Con el inicio de la campaña turística y el problema del acceso a la vivienda aún sin resolver, Andalucía afronta los próximos meses con más controles, litigios abiertos y nuevas restricciones municipales ya en estudio.