"Tememos volver a lo mismo": los denunciantes de la mafia del taxi reclaman protección en Sevilla
Los denunciantes de la presunta mafia del taxi piden protección al juez tras retirar las medidas cautelares
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Los taxistas que denunciaron la presunta trama conocida como la "mafia del taxi" de Sevilla han pedido al juez que vuelva a imponer medidas de protección al considerar que el riesgo que motivó su adopción sigue vigente.
Los afectados sostienen que la organización investigada continúa activa y que el levantamiento de las restricciones acordado recientemente puede volver a generar un clima de intimidación en el aeropuerto de San Pablo, epicentro de una causa que investiga décadas de supuestas coacciones y monopolio en la principal parada de la ciudad.
La petición ha sido formulada mediante un recurso presentado por la asociación Elite Taxi ante el magistrado instructor del caso, Sergio Escalona.
Los denunciantes reclaman que se restablezcan las órdenes de alejamiento que impedían a los 26 investigados acceder al recinto aeroportuario, medidas que habían estado en vigor desde enero de 2025, cuando la Policía Nacional ejecutó la denominada operación Aertase.
Taxi: los denunciantes cuestionan el levantamiento de las medidas
El pasado 11 de mayo, el juez acordó dejar sin efecto esas medidas cautelares. En su resolución argumentó que la investigación se encuentra muy avanzada, que ha transcurrido un periodo prolongado desde su adopción y que durante ese tiempo no se habían producido incidencias de especial relevancia que justificaran mantener las restricciones.
Sin embargo, los denunciantes discrepan frontalmente de esa valoración. En el escrito remitido al juzgado sostienen que los indicios que dieron origen a la causa no solo permanecen, sino que se han reforzado durante la instrucción.
La investigación gira en torno a un grupo de taxistas vinculados a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi. Según la tesis policial recogida en la causa, sus integrantes habrían controlado durante más de dos décadas la parada del aeropuerto, impidiendo trabajar a profesionales de otras asociaciones mediante presuntas amenazas, coacciones y actos de sabotaje.
Los investigados están siendo instruidos por supuestos delitos de organización criminal, amenazas, daños y coacciones. Todos ellos niegan las acusaciones y mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Elite Taxi alerta de un clima persistente de intimidación
El recurso, firmado por el abogado Alejandro Gómez Luna, sostiene que la estructura investigada habría mantenido una capacidad de presión sobre quienes denunciaron los hechos.
Los afectados argumentan que el cumplimiento formal de las medidas cautelares no supone necesariamente la desaparición del riesgo. En este sentido, recuerdan que durante el periodo en el que estuvieron vigentes se habrían registrado episodios incompatibles con una observancia estricta de las prohibiciones impuestas.
Entre los ejemplos citados figuran denuncias cruzadas entre profesionales del sector, amenazas denunciadas por algunos testigos del procedimiento y supuestos comportamientos intimidatorios hacia determinadas taxistas que colaboraron con la investigación.
También se mencionan incidentes relacionados con daños en vehículos y conflictos derivados del funcionamiento cotidiano de la parada aeroportuaria, circunstancias que, según los recurrentes, evidencian que la tensión no ha desaparecido.
El aeropuerto vuelve al centro del conflicto judicial
Los denunciantes consideran que la vuelta de los 26 investigados al aeropuerto puede alterar la convivencia y comprometer la seguridad de quienes participaron en el procedimiento judicial.
El recurso recoge además la situación del responsable del bar situado en la parada del aeropuerto, quien habría denunciado daños reiterados en sus instalaciones y presuntas coacciones atribuidas a personas vinculadas al colectivo investigado.
Elite Taxi defiende que la reposición de las órdenes de alejamiento es una medida "proporcional, idónea y necesaria" para evitar nuevos episodios de intimidación y garantizar el normal desarrollo del proceso penal.
Igualmente, expresa su sorpresa porque el levantamiento de las cautelares se acordara sin un trámite previo de alegaciones a las partes afectadas, dada la trascendencia del caso para el conjunto del sector del taxi sevillano.
Será ahora el juzgado el que deba resolver si atiende la petición de los denunciantes o mantiene su decisión inicial. Mientras tanto, la causa continúa su tramitación con el aeropuerto de Sevilla nuevamente convertido en el principal escenario de un conflicto judicial que aún está lejos de cerrarse.