Siete años después de la crisis de la carne mechada comienza en Sevilla el juicio por cuatro muertes y más de 200 afectados
La Fiscalía solicita penas de hasta once años y medio de prisión y las víctimas reclaman indemnizaciones
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Siete años después de una de las mayores crisis alimentarias registradas en Andalucía, el caso de la carne mechada contaminada llega a juicio.
La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto iniciar este viernes, 16 de octubre, el proceso contra los responsables de Magrudis, la empresa vinculada al brote de listeriosis de 2019 que provocó cuatro fallecimientos y afectó a más de 200 personas.
El procedimiento examinará las posibles responsabilidades penales y económicas de los acusados, así como la actuación de una inspectora municipal relacionada con el caso.
Un juicio con 43 sesiones previstas hasta enero de 2027
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial será la encargada de juzgar unos hechos que marcaron la actualidad sanitaria de Sevilla durante el verano de 2019.
El calendario judicial contempla 43 sesiones y fija el 27 de enero de 2027 como fecha prevista para su finalización.
Las primeras jornadas estarán destinadas a resolver cuestiones previas antes de entrar en el examen de las pruebas y las declaraciones.
Entre los acusados figuran José Antonio Marín Ponce, considerado administrador de hecho de Magrudis, y sus hijos Sandro José y Mario Marín Rodríguez.
También está encausada Encarnación Rodríguez Jiménez, vinculada a las tareas de producción y autocontrol de la empresa.
El procedimiento incluye además a un arquitecto técnico contratado por la compañía y a una inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla.
La causa alcanza igualmente a las sociedades Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario, junto con varias aseguradoras por su posible responsabilidad civil.
El Ayuntamiento de Sevilla figura como responsable civil subsidiario por la eventual responsabilidad derivada de la actuación de la inspectora municipal.
La Fiscalía pide hasta once años y medio de prisión
El Ministerio Público solicita once años y seis meses de cárcel para José Antonio Marín Ponce y Sandro José Marín Rodríguez. Para Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez reclama penas de diez años.
La acusación contempla presuntos delitos contra la salud pública, cuatro homicidios por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto y 235 delitos de lesiones imprudentes. También incluye posibles delitos de falsedad documental y defraudación de fluido eléctrico.
Estas imputaciones deberán examinarse durante el juicio, en el que corresponderá al tribunal determinar las responsabilidades individuales. La apertura de la vista oral no supone una declaración de culpabilidad.
La asociación de consumidores Facua, que representa a 64 afectados, mantiene una acusación particular y reclama penas que oscilan entre cuatro y doce años de prisión, dependiendo de cada acusado.
A diferencia de la Fiscalía, que no formuló acusación contra la inspectora veterinaria municipal, Facua solicita para ella diez años y un día de cárcel por su presunta intervención en los hechos investigados.
Las indemnizaciones, otra de las claves del proceso
Además de las posibles condenas penales, el juicio deberá abordar las compensaciones económicas derivadas de la crisis sanitaria.
La Fiscalía reclama 800.000 euros para la Junta de Andalucía y 141.040 euros para el Ayuntamiento de Sevilla por los gastos ocasionados durante la emergencia.
También solicita indemnizaciones para los familiares de las cuatro personas fallecidas y para quienes sufrieron lesiones, secuelas o pérdidas gestacionales relacionadas con el brote.
La aseguradora AXA aparece como responsable civil directa en las reclamaciones correspondientes y ya había consignado 300.000 euros ante el juzgado instructor para atender a víctimas y afectados.
La resolución de estas cuestiones dependerá de las pruebas examinadas y de las responsabilidades que finalmente establezca el tribunal.
El procedimiento judicial pondrá así bajo examen tanto la actividad de las empresas implicadas como los controles administrativos relacionados con la comercialización de los productos cárnicos.
Las sesiones previstas hasta enero permitirán escuchar a las partes y determinar el alcance de las consecuencias penales y económicas de una intoxicación alimentaria que dejó cuatro víctimas mortales en Sevilla.