La Fiscalía respalda la acusación contra dos menores por el acoso a Sandra Peña y aclara la situación de la tercera investigada
El procedimiento avanza un año después de la muerte de la adolescente sevillana de 14 años
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La investigación por el presunto acoso escolar sufrido por Sandra Peña entra en una nueva fase judicial.
La Fiscalía Superior de Andalucía ha respaldado la actuación de la Fiscalía de Menores de Sevilla, que aprecia indicios de dos posibles delitos en la conducta de dos compañeras de la adolescente fallecida en octubre de 2025.
La fiscal superior, Ana Tárrago, ha defendido la calificación jurídica planteada tras el análisis de los hechos y del informe forense.
La tercera menor investigada queda en una situación diferente, después de que el Ministerio Público haya solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra ella.
Dos menores investigadas por trato degradante y lesiones psíquicas
El pronunciamiento de la Fiscalía Superior llega después de que la Fiscalía de Menores haya concluido su investigación sobre dos de las tres adolescentes inicialmente implicadas en el procedimiento.
Las conclusiones provisionales del Ministerio Público apuntan a la posible comisión de delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas.
La acusación se fundamenta en el presunto trato degradante recibido por Sandra Peña y en las consecuencias que esos comportamientos habrían tenido sobre su salud mental.
La valoración de los hechos se apoya en el informe forense incorporado al procedimiento, una pieza relevante para determinar las posibles responsabilidades penales de las investigadas.
Ana Tárrago ha explicado que las circunstancias del fallecimiento dificultan plantear otras calificaciones jurídicas. En concreto, ha señalado que Sandra murió en su domicilio, un elemento que considera importante a la hora de delimitar los delitos que pueden atribuirse a las menores.
La posición de la Fiscalía no supone una condena ni establece definitivamente la responsabilidad de las adolescentes. Se trata de una valoración provisional que deberá examinarse dentro del procedimiento judicial correspondiente.
La Fiscalía pide el sobreseimiento provisional para la tercera menor
Uno de los aspectos relevantes de esta fase es la distinta situación procesal de las tres jóvenes que fueron investigadas inicialmente.
Mientras que el Ministerio Público aprecia indicios delictivos respecto a dos de ellas, ha solicitado el sobreseimiento provisional para la tercera tras finalizar la instrucción de menores.
Esta diferencia responde a la valoración individual de las conductas investigadas y de los elementos disponibles en el procedimiento. La petición de sobreseimiento no equivale a una resolución definitiva sobre el conjunto del caso.
La investigación se desarrolla cuando acaba de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años que se quitó la vida el 14 de octubre de 2025.
En paralelo, otra vía judicial relacionada con el caso ha tenido un recorrido diferente. La querella presentada por los padres contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y varios responsables educativos fue archivada penalmente.
La denuncia familiar se dirigía contra el centro, su director, la jefa de estudios y la tutora, por presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones psíquicas y trato degradante.
La preocupación de la Fiscalía por las redes sociales y los menores
Más allá de las decisiones judiciales, Ana Tárrago ha aprovechado su comparecencia para advertir sobre los riesgos asociados al uso de las redes sociales entre adolescentes.
La fiscal superior considera que la exposición permanente a estas plataformas, especialmente cuando no existe supervisión suficiente, está relacionada con numerosas conductas delictivas protagonizadas por menores.
También ha señalado las dificultades que encuentran muchos jóvenes para distinguir determinados contenidos y valorar sus consecuencias.
Su preocupación abarca tanto a los adolescentes que pueden cometer infracciones como a quienes terminan siendo víctimas de ellas. Según ha explicado, la utilización de las redes sociales puede facilitar comportamientos delictivos y, al mismo tiempo, aumentar la vulnerabilidad de quienes las utilizan.
Estas advertencias forman parte de una reflexión general de la Fiscalía sobre la protección de los menores y no implican que se haya acreditado una relación concreta entre las redes sociales y los hechos investigados en el caso de Sandra Peña.