Detenidos cubren su rostro y son llevados por la Policía Nacional.
Policía Nacional con dos de los detenidos.

La madre de Aarón, el joven asesinado a la salida de un instituto de Sevilla, pide el máximo internamiento para dos menores implicados

El caso aún sigue causando conmoción y la familia pide justicia.

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La muerte de Aarón Muñoz, el joven de 17 años apuñalado a la salida de un instituto de Gerena, vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial.

Su madre, Reposo Manuela Centeno, ha anunciado que solicitará cinco años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores investigados por su presunta participación en los hechos.

La familia considera insuficiente la respuesta que contempla la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y reclama que se tenga en cuenta la gravedad de lo ocurrido cuando el caso llegue al Juzgado de Menores de Sevilla.

La familia de Aarón reclama la máxima medida para los dos menores

La madre del adolescente ha comparecido públicamente para expresar su malestar con el tratamiento judicial que reciben los menores implicados en delitos graves.

Su principal preocupación es que las medidas previstas por la legislación no respondan, a su juicio, al daño causado a las víctimas y sus familiares.

Durante su intervención, Centeno ha criticado una normativa que considera demasiado protectora con quienes cometen estos hechos. Su petición concreta es que los dos menores afronten cinco años de internamiento en un centro cerrado, una medida que la acusación particular pretende defender durante el procedimiento.

La abogada de la familia, Rocío Hidalgo, ha confirmado que las sesiones judiciales están previstas para los próximos 12 y 19 de noviembre.

También ha cuestionado que el sistema de justicia juvenil priorice las medidas educativas frente al castigo penal ordinario.

La petición de la familia no supone que exista una condena. Será el órgano judicial competente quien determine las responsabilidades de los investigados y las medidas que correspondan conforme a la legislación vigente.

Una presunta instigadora y un supuesto coautor, ante el juez

El procedimiento de menores se centra en dos personas cuya participación en el episodio deberá esclarecerse judicialmente. Una de ellas es la novia del presunto autor material del apuñalamiento, investigada como posible instigadora. La otra es un primo de este, al que se atribuye una presunta intervención como coautor.

Ambos deberán comparecer ante la justicia de menores, en un proceso distinto al correspondiente a los adultos investigados por la muerte del adolescente.

Los hechos ocurrieron el 8 de enero de 2025, cuando Aarón fue atacado con un arma blanca después de salir del instituto de Gerena donde estudiaba. El joven, natural de Aznalcóllar y vecino de El Castillo de las Guardas, falleció como consecuencia de la agresión.

Tras lo sucedido, dos jóvenes mayores de edad ingresaron en prisión como presuntos responsables del apuñalamiento mortal. A ambos se les atribuye un supuesto delito de homicidio doloso.

La investigación judicial distingue así entre las responsabilidades atribuidas a los adultos y la posible intervención de los dos menores. Esta separación resulta relevante porque cada procedimiento se rige por normas diferentes, aunque todos estén relacionados con el mismo episodio.

Qué establece la ley de menores para los delitos graves

La reclamación de la familia ha puesto el foco en el funcionamiento de la justicia juvenil española. La Ley Orgánica 5/2000 regula la responsabilidad penal de quienes tienen entre 14 y 17 años cuando cometen una infracción.

A diferencia del sistema aplicado a los adultos, esta legislación contempla medidas que combinan la responsabilidad por los hechos con objetivos educativos y de reinserción. Entre ellas figura el internamiento en régimen cerrado, reservado para determinados supuestos de especial gravedad.

La duración de estas medidas depende de factores como la edad del investigado, el delito cometido y las circunstancias acreditadas durante el procedimiento. La normativa permite, en determinados casos, internamientos superiores a cinco años, por lo que esa cifra no constituye un límite general para todos los delitos graves. En el caso de Aarón, la acusación particular ha anunciado que reclamará cinco años para cada uno de los dos menores. La decisión dependerá de los hechos que se consideren probados y de la calificación jurídica correspondiente.

Las sesiones previstas para noviembre permitirán examinar las responsabilidades individuales de los investigados, mientras la familia mantiene su exigencia de una respuesta judicial proporcionada a la muerte del adolescente.