La Guardia Civil desmantela en Sevilla un grupo criminal con 256 animales exóticos
Desarticulada en Sevilla una red dedicada al tráfico ilegal de especies exóticas con 256 animales intervenidos
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La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Sevilla un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas y a la comercialización de animales protegidos.
La operación, desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se ha saldado con dos personas detenidas, otras ocho investigadas y la intervención de 256 ejemplares de distintas especies que, según la investigación, eran criados, mantenidos o comercializados al margen de la normativa vigente.
La actuación forma parte de la denominada operación ZMIJA, una investigación que permitió detectar una estructura asentada en Sevilla que operaba en el ámbito de la tenencia, reproducción y venta de fauna exótica.
Entre los animales localizados figuran reptiles, artrópodos, perros y gatos, algunos de ellos incluidos en convenios internacionales de protección o sujetos a estrictos controles administrativos para su comercio y transporte.
Los investigadores sostienen que la organización obtenía beneficios económicos mediante la venta de ejemplares sin las autorizaciones necesarias y sin acreditar el origen legal de muchos de los animales.
La investigación también apunta a la posible existencia de actividades de cría clandestina destinadas a abastecer la demanda de mascotas exóticas.
Una investigación centrada en la venta irregular de animales
El operativo se inició tras diversas pesquisas relacionadas con movimientos y anuncios vinculados a especies exóticas.
A medida que avanzó la investigación, los agentes fueron identificando a varias personas presuntamente implicadas en la adquisición, reproducción y distribución de animales cuya comercialización se encuentra regulada por la legislación nacional e internacional.
Las actuaciones permitieron localizar numerosos ejemplares que estaban siendo mantenidos en instalaciones privadas.
Según la información difundida por la Guardia Civil, parte de los animales intervenidos pertenecen a especies protegidas o sometidas a controles específicos debido a su valor ecológico y a los riesgos que supone su extracción o comercialización fuera de los cauces legales establecidos.
Los agentes también analizaron documentación relacionada con la procedencia de los ejemplares y con las transacciones efectuadas por los investigados.
El objetivo era determinar si existían certificados válidos que acreditaran la posesión y el comercio legal de los animales intervenidos.
Guardia Civil: delitos investigados y alcance de la operación
Los detenidos y los investigados se enfrentan a acusaciones relacionadas con delitos contra la fauna, contrabando, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal, según los datos facilitados por la Guardia Civil.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones derivadas del análisis del material intervenido durante la operación.
El tráfico ilegal de especies constituye una de las actividades ilícitas que más preocupa a las autoridades ambientales por su impacto sobre la biodiversidad y por la dificultad para rastrear el origen de muchos ejemplares comercializados.
En los últimos años se han desarrollado diferentes operaciones en España y otros países europeos para combatir redes especializadas en la cría, transporte y venta de fauna protegida.
Los animales quedan bajo control de las autoridades
Tras la intervención, los ejemplares recuperados quedaron a disposición de las autoridades competentes para evaluar su estado y determinar su destino.
En estos casos, los animales pueden ser trasladados a centros especializados, instalaciones autorizadas o programas de conservación, dependiendo de la especie y de sus necesidades de manejo.
La operación desarrollada en Sevilla supone uno de los golpes más relevantes contra el tráfico ilegal de especies exóticas conocidos este año en Andalucía.
Con la desarticulación del grupo y la recuperación de 256 animales, los investigadores buscan frenar una actividad que opera al margen de los controles legales y que afecta tanto a la protección de la fauna como al bienestar de los propios ejemplares comercializados.