La Fiscalía investiga presuntas agresiones a personas con discapacidad en una residencia de Écija, tres empleados suspendidos
El Ayuntamiento ha abierto expedientes disciplinarios y trasladado los hechos a las autoridades
La Fiscalía investiga posibles malos tratos a usuarios de una residencia para personas con discapacidad de Écija, gestionada por el organismo municipal Prodis.
El caso ha provocado la suspensión cautelar de tres trabajadores y la denuncia pública de varias familias, que consideran insuficientes las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento de Écija.
La asociación AFAMIT, que representa a familiares y tutores legales de residentes, reclama esclarecer unas presuntas agresiones físicas y determinar si existieron fallos en la protección y atención de las personas afectadas.
Un informe interno recoge golpes a un residente con discapacidad
La controversia se centra en unos hechos descritos en una comunicación de la dirección del centro, cuyo contenido han dado a conocer los familiares.
Según esa documentación, un residente con un grado de discapacidad reconocido del 85% habría recibido varias bofetadas de una trabajadora y un puñetazo en el estómago de otro empleado mientras era atendido en el baño.
Las familias sostienen que estos episodios podrían constituir delitos de lesiones y trato degradante, aunque será la investigación la que determine lo sucedido y las posibles responsabilidades.
Uno de los aspectos más cuestionados es la atención posterior al usuario. De acuerdo con la información trasladada por AFAMIT, el residente no fue examinado por un médico ni trasladado a un centro sanitario después de los incidentes, al no apreciarse señales físicas que justificaran esa intervención.
Los familiares consideran especialmente preocupante esta circunstancia por el elevado grado de dependencia de las personas atendidas en la residencia.
El Ayuntamiento aparta a tres trabajadores y defiende su actuación
El Ayuntamiento de Écija informó el 30 de octubre de la apertura de expedientes disciplinarios contra tres empleados de la Residencia de Gravemente Afectados de Prodis.
La administración local describió inicialmente lo ocurrido como comportamientos inapropiados hacia usuarios y confirmó que los trabajadores habían sido suspendidos cautelarmente de empleo.
También comunicó el traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la administración autonómica competente para que se investigaran los hechos.
El Consistorio precisó que las incidencias detectadas corresponden a esta residencia y no afectan, según la información municipal, a los usuarios del centro de día ni de la residencia de adultos que también gestiona Prodis.
Las familias discrepan de la forma en que se comunicó el caso. Consideran que la expresión utilizada por el Ayuntamiento no refleja la gravedad de las agresiones descritas en la documentación interna.
Por su parte, el Gobierno municipal ha pedido prudencia mientras continúan las investigaciones y ha defendido la necesidad de proteger tanto a los residentes como a los profesionales que desarrollan su trabajo en el organismo.
Las familias denuncian fallos de vigilancia y reclaman responsabilidades
La investigación también ha puesto bajo examen los mecanismos de supervisión del centro. AFAMIT asegura que las cámaras de videovigilancia llevan años averiadas y que las solicitudes para comprobar determinadas incidencias no han permitido obtener grabaciones.
La asociación exige conocer el estado de los dispositivos, las fechas de las averías y las actuaciones realizadas para repararlos.
Los familiares también cuestionan la ausencia de un protocolo específico de prevención de malos tratos y denuncian posibles deficiencias de personal en la residencia.
Su abogado, Alejandro Álvarez, ha solicitado mayor transparencia sobre el funcionamiento de Prodis y estudia emprender acciones judiciales en representación de los afectados.
Entre las peticiones planteadas figura acceder, dentro de los límites legales, a los expedientes remitidos a la Fiscalía, así como recibir información individualizada sobre posibles incidentes sufridos por otros residentes.
La dirección del centro ha anunciado la elaboración de un protocolo destinado a prevenir situaciones similares.
Mientras tanto, las familias reclaman que se investiguen tanto las presuntas agresiones como las decisiones adoptadas después de conocerlas, incluida la ausencia de asistencia sanitaria al residente afectado.