El juez termina la investigación contra 26 taxistas por el presunto control de la parada del aeropuerto de Sevilla
Ahora deberá decidir si el procedimiento continúa o se archiva
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La investigación judicial sobre la denominada mafia del taxi del aeropuerto de Sevilla ha llegado al final de su fase de instrucción.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Sergio Escalona, ha decidido no ampliar el plazo de las diligencias relacionadas con el presunto control de la parada de San Pablo.
El procedimiento, que afecta a 26 taxistas según las resoluciones anteriores, está vinculado a la operación Aertase, desarrollada por la Policía Nacional para investigar posibles amenazas, coacciones y daños relacionados con la actividad del transporte en el aeropuerto.
La decisión judicial no supone que los investigados vayan a sentarse necesariamente en el banquillo. Tampoco implica que hayan quedado exonerados. Una vez terminadas las pesquisas, el juzgado deberá valorar el material reunido y determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento penal.
Una operación policial que acabó con 18 taxistas detenidos
El origen de esta investigación se encuentra en las actuaciones policiales dirigidas a esclarecer si un grupo organizado de profesionales había conseguido imponer su control sobre los servicios de taxi del aeropuerto sevillano.
En enero de 2025, la Policía Nacional detuvo a 18 taxistas durante la operación Aertase. Entre ellos figuraban responsables de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, incluido su presidente, Antonio Velarde.
Las pesquisas se centraron en presuntas conductas destinadas a limitar la actividad de otros profesionales mediante intimidaciones, amenazas y posibles sabotajes. Se trataba de determinar si esas actuaciones respondían a comportamientos individuales o a una estructura organizada.
Tras las detenciones, el juzgado impuso restricciones de acceso al aeropuerto a varios investigados. Las medidas pretendían evitar nuevos incidentes mientras avanzaban las diligencias.
La investigación también puso el foco en la importancia económica de una parada que concentra numerosos desplazamientos entre la terminal aérea y la ciudad. El acceso a esos servicios ha sido durante años uno de los principales puntos de conflicto dentro del sector.
Taxis del aeropuerto: las restricciones se levantaron antes del final de la instrucción
La situación de los investigados cambió progresivamente durante 2025 y 2026. Inicialmente, algunos conductores tenían prohibido acercarse a menos de 500 metros de las instalaciones aeroportuarias.
En septiembre de 2025, el magistrado permitió que pudieran trasladar viajeros hasta la terminal, aunque seguían sin autorización para recoger clientes en la parada.
Posteriormente, en mayo de 2026, el juzgado levantó las restricciones pendientes. Para adoptar esa decisión, tuvo en cuenta el avanzado estado de la investigación, el tiempo transcurrido sin nuevos incidentes relevantes y las consecuencias laborales de mantener las prohibiciones.
El levantamiento de aquellas medidas cautelares permitió a los afectados recuperar su actividad en el aeropuerto, pero no significó que desaparecieran las sospechas investigadas ni que se hubiera resuelto su situación procesal.
La causa sigue abierta pese al archivo de otra investigación
El final de la instrucción llega después de que otro juzgado sevillano acordara el sobreseimiento provisional de una investigación diferente relacionada también con la actividad del taxi aeroportuario.
Aquella resolución, fechada el 24 de septiembre de 2026, afectaba a 27 taxistas y a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi. La magistrada María de los Reyes Flores, del Tribunal de Instancia número 8, consideró insuficientes los indicios para mantener aquella causa por presuntos delitos de organización criminal y coacciones.
Sin embargo, ese archivo no afecta automáticamente al procedimiento derivado de la operación Aertase, tramitado por otro órgano judicial y referido a actuaciones distintas.
En esta segunda investigación, el juez Sergio Escalona deberá examinar las diligencias practicadas antes de adoptar una nueva resolución. La conclusión de la instrucción marca así un cambio procesal importante, aunque todavía no determina si habrá acusaciones formales contra los taxistas investigados.
La Fiscalía y las acusaciones personadas tendrán un papel relevante en los siguientes trámites, conforme a las decisiones que adopte el juzgado.
La cuestión pendiente es si los hechos investigados cuentan con respaldo probatorio suficiente para avanzar hacia un eventual juicio o si corresponde acordar el sobreseimiento. Hasta que exista una nueva resolución, los afectados mantienen su condición de investigados y su derecho a la presunción de inocencia.