El error del colegio de Sandra Peña que puede acabar en sanción de la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía expedientará al colegio de Sandra Peña por no activar el protocolo contra el acoso escolar
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La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionador al colegio Irlandesas Loreto de Sevilla por no activar el protocolo de acoso escolar en el caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado octubre después de meses de presunto hostigamiento por parte de varias compañeras.
La decisión llega después de que la administración autonómica constatara que el centro no comunicó formalmente la situación a la Inspección educativa pese a las advertencias previas de la familia.
La consejera en funciones, Carmen Castillo, confirmó este martes que la vía administrativa seguirá adelante aunque un juzgado haya archivado recientemente la querella presentada por los padres de la menor contra el colegio.
La Junta de Andalucía considera que la ausencia del protocolo constituye una posible infracción administrativa independiente de las conclusiones judiciales sobre la relación entre el supuesto acoso y el suicidio de la adolescente.
La Junta mantiene la vía administrativa pese al archivo judicial
El caso dio un giro hace unas semanas cuando el juzgado encargado de investigar la actuación del centro decidió archivar provisionalmente la querella presentada por la familia de Sandra Peña. El magistrado entendió que no existían elementos suficientes para acreditar que la activación del protocolo hubiera evitado el desenlace.
Sin embargo, la administración andaluza sostiene una posición distinta desde el punto de vista educativo y administrativo. La Consejería de Desarrollo Educativo insiste en que el incumplimiento de los procedimientos obligatorios sí puede derivar en responsabilidades para el colegio, al margen de la causa penal.
La Junta ya había impulsado previamente una Comisión de Conciliación entre las partes, contemplada en la normativa educativa para conflictos en centros concertados. Ese proceso terminó sin acuerdo, lo que ha llevado ahora a la apertura formal del expediente sancionador.
La consejera explicó que la inspección detectó que el protocolo antiacoso no fue activado oficialmente ni registrado en Séneca, la plataforma utilizada por los centros educativos andaluces para comunicar este tipo de incidencias. Esa omisión es precisamente la que centra la investigación administrativa.
Las denuncias de la familia y la actuación del centro
La familia de Sandra había comunicado en varias ocasiones al colegio la situación que sufría la menor. Según el relato aportado por los padres, la adolescente era víctima de insultos, burlas y aislamiento por parte de varias alumnas de su entorno escolar.
La madre acudió primero al centro durante el curso pasado para alertar de los hechos y meses después volvió a presentar documentación psicológica que reflejaba el deterioro emocional de la menor. La familia pidió medidas de separación respecto a las supuestas acosadoras y reclamó una intervención más contundente por parte de la dirección.
El colegio ha defendido desde el inicio que sí adoptó actuaciones internas para abordar la situación, aunque reconoció que el protocolo no se formalizó de la manera establecida por la normativa autonómica. Esa diferencia entre las medidas internas y la activación oficial del procedimiento es uno de los puntos clave del expediente.
La Fiscalía de Menores mantiene además abiertas diligencias sobre el presunto acoso escolar y sobre la actuación de las menores investigadas. Paralelamente, la Policía analizó el teléfono móvil de Sandra para comprobar si existieron episodios de ciberacoso o mensajes relacionados con el hostigamiento denunciado por la familia.
El expediente puede derivar en sanciones al centro concertado
La gravedad de la sanción dependerá ahora de la calificación final de la infracción. La Junta contempla distintos escenarios que van desde un apercibimiento hasta sanciones económicas o incluso la retirada del concierto educativo si se considera una falta muy grave.
El caso ha provocado una fuerte repercusión social en Sevilla y en toda Andalucía desde la muerte de Sandra Peña. En los últimos meses se han sucedido concentraciones estudiantiles, homenajes y protestas contra el acoso escolar, mientras la familia continúa reclamando responsabilidades al centro educativo.
La resolución administrativa todavía tardará meses en completarse. La Consejería espera también las conclusiones definitivas de la Fiscalía de Menores antes de adoptar una decisión final sobre las posibles sanciones al colegio.