Sevilla ha dado un paso decisivo en la regulación del alquiler turístico. El Pleno Municipal ha aprobado limitar al 10% el número de viviendas de uso turístico (VUT) en cada uno de los 108 barrios de la ciudad, una medida que busca frenar la proliferación descontrolada de pisos turísticos en zonas saturadas como el casco histórico y Triana.
Esta normativa, que ha contado con el apoyo de Vox y el rechazo del resto de la oposición, representa un equilibrio entre la necesidad de proteger la convivencia vecinal y la importancia del sector turístico para la economía local. Según el Ayuntamiento, esta limitación permitirá un máximo de 7.000 viviendas turísticas adicionales, ajustando la oferta a la demanda real y evitando una saturación que perjudique a los residentes.
El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido esta medida como un paso necesario para compatibilizar el turismo con la vida de los sevillanos. Ha destacado el consenso alcanzado tras numerosas reuniones y ha criticado el bloqueo del PSOE, que en junio pasado propuso una limitación más restrictiva pero que finalmente no prosperó.
La aprobación de esta normativa ha generado un amplio debate en la ciudad. Mientras algunos vecinos celebran esta medida como una victoria para la convivencia, otros sectores, como la industria hotelera, expresan preocupación por las posibles consecuencias económicas.
En los próximos meses, será fundamental evaluar el impacto de esta nueva regulación en el mercado inmobiliario y turístico de Sevilla, así como en la calidad de vida de los vecinos. Además, será necesario establecer mecanismos de control y seguimiento para garantizar que se cumple la normativa y se evitan posibles incumplimientos.
Limitación de viviendas turísticas
La aprobación de la limitación de viviendas turísticas en Sevilla ha desatado un intenso debate político. El concejal socialista Francisco Páez acusó a Vox de haber votado a favor de la propuesta a cambio de concesiones municipales, insinuando que su apoyo se había comprado. Por su parte, Vox justificó su voto favorable alegando que el gobierno local había aceptado algunas de sus enmiendas, como la reducción del límite de viviendas turísticas en ciertas zonas.
La portavoz de la coalición de izquierdas, Susana Hornillo, criticó duramente la medida, señalando que permitía un número excesivo de viviendas turísticas y contradecía las demandas de los vecinos, quienes se manifestaban en ese mismo momento en la Plaza Nueva. Hornillo acusó al gobierno local de mentir y de no ser transparente en cuanto al número real de viviendas turísticas que se permitirían.
El cruce de acusaciones entre los grupos políticos refleja la complejidad de la cuestión y la dificultad de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes. Mientras el gobierno local defiende que la nueva normativa busca un equilibrio entre los intereses del sector turístico y la protección de la convivencia vecinal, la oposición sostiene que la medida es insuficiente y favorece a los grandes propietarios.
