El cierre de la guardería Hada Madrina, situada en el Polígono de San Pablo de Sevilla, ha dejado sin servicio a más de 40 niños de entre 16 semanas y tres años. La decisión fue tomada por el propietario del centro el pasado domingo, tras meses de denuncias por parte de las trabajadoras sobre las deficientes condiciones del recinto. La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ya ha recibido la solicitud para la extinción de la autorización, trámite que se formalizará este martes.
Las familias, sorprendidas por la noticia, han mostrado su indignación. «He tenido que pedirme una semana de vacaciones», lamenta una madre, quien asegura que se enteró del cierre a través de un mensaje de WhatsApp enviado por las empleadas.
Denuncias desde 2022
Las trabajadoras de la guardería llevaban desde 2022 alertando sobre el estado del centro. Entre los problemas señalados figuraban cortes constantes de luz y agua, acumulación de insectos y suciedad, mobiliario deteriorado, y la ausencia de medidas de seguridad en el patio. Además, varios niños habían presentado picaduras de chinches, lo que generó alarma entre las familias.
A estas deficiencias se sumaba la falta de pago de salarios a la plantilla y, más recientemente, una orden de desahucio por impago del alquiler.
Dos inspecciones sin solución
Las condiciones del centro motivaron una primera inspección en abril de 2024, tras la cual la administración educativa recomendó a las empleadas actuar con prudencia para no generar alarma entre los padres. Sin embargo, el inicio del curso en septiembre no trajo mejoras y, en octubre, una segunda inspección constató la persistencia de los problemas, con arquetas levantadas, cuadros eléctricos en mal estado y mobiliario defectuoso.
Pocos días después, el Defensor del Menor intervino en el caso, lo que llevó finalmente al propietario del centro a cerrar la guardería de forma repentina, sin previo aviso a la Consejería de Educación.
La versión del propietario
El responsable del centro ha negado que las picaduras de chinches detectadas en los niños tengan relación con la guardería. «No hay pruebas de que el problema venga de dentro y no de fuera», ha declarado en una entrevista televisiva. También ha asegurado que el centro pasaba controles sanitarios periódicos, pese a que no estaba obligado a ello.
Sobre las denuncias de las trabajadoras y la falta de pagos, ha señalado que la demora en el abono de las ayudas por parte de la Junta de Andalucía hacía inviable mantener el centro abierto. «Nos pagan una cantidad irrisoria por atender a 42 niños», ha afirmado, asegurando que ya en septiembre quería evitar la reapertura del curso debido a los problemas financieros.
Mientras tanto, las familias afectadas siguen buscando una alternativa para escolarizar a sus hijos en plena mitad de curso.
