La juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha reactivado una causa vinculada a la denominada ‘mafia del taxi’, relacionada con la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi (AHST). Esta pieza, parte de una macrocausa iniciada en 2017, investiga el supuesto monopolio que la organización habría ejercido sobre la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo. La magistrada ha solicitado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares que formulen cargos contra 27 taxistas, entre ellos dos antiguos líderes de la asociación.
El proceso judicial se centra en hechos ocurridos entre 2017 y enero de 2018, quedando fuera actos vandálicos posteriores, como los incidentes del 23 de febrero de 2018 en el aeropuerto. La Audiencia de Sevilla había anulado partes de la investigación al considerar que superaron los plazos legales. Sin embargo, en un auto de octubre de 2024, la instructora ratificó las imputaciones por delitos de organización criminal, coacciones y daños, aunque limitó el alcance de las acusaciones.
Entre los imputados destacan Antonio Velarde, actual presidente de Solidaridad del Taxi, y Enrique Filgueras, su predecesor ya retirado. Según la investigación, los acusados habrían empleado tácticas coactivas para excluir a taxistas no afiliados y a conductores de VTC de la parada del aeropuerto, generando lo que la juez describió como un «clima de inseguridad ciudadana».
Operación policial y nuevas medidas judiciales
Esta reactivación judicial coincide con recientes actuaciones de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que culminaron en la detención de 18 taxistas y la imposición de órdenes de alejamiento del aeropuerto. En este contexto, la juez ha declarado firme un auto de 2021 que marcaba el fin de la instrucción y ordenaba abrir un procedimiento abreviado, desatando una nueva controversia legal. Las defensas alegan que, al haberse reducido el alcance de las acusaciones, sería necesario emitir un nuevo auto.
Acusaciones y pruebas
La investigación apunta a que los líderes de Solidaridad del Taxi dirigieron una campaña contra los servicios de VTC, utilizando métodos intimidatorios y vandálicos. Se documentaron agresiones a vehículos, amenazas a conductores y restricciones en el acceso a la parada del aeropuerto. Fotografías, grabaciones de cámaras de seguridad y denuncias de conductores afectados forman parte del expediente.
Según el auto de 2021, la asociación habría actuado con la intención de mantener un monopolio en el aeropuerto, impidiendo la competencia mediante actos violentos y coacciones. La juez subraya que estas acciones generaron «indicios claros» de una estrategia organizada para excluir a los VTC del servicio en la terminal.
Una lucha abierta contra los VTC
La magistrada describe una «clara guerra abierta» contra los servicios de transporte alternativo, motivada por el temor a perder clientes y oportunidades de negocio. Declaraciones de miembros de la asociación y denuncias de incidentes en la parada del aeropuerto reflejan un patrón sistemático de hostigamiento hacia los VTC.
La resolución de este caso, que se arrastra desde hace más de cinco años, será clave para determinar si existió una organización criminal en el seno de Solidaridad del Taxi y establecer responsabilidades por los actos que, según la instrucción, buscaron imponer un control absoluto sobre el servicio de transporte en el aeropuerto de Sevilla.
