Menas en la calle.
Menas, menores no acompañados.

Preocupación creciente en Sevilla ante la llegada de Menas, menores extranjeros no acompañados

Los vecinos alegan que no fueron informados previamente y que la llegada de grupos numerosos de jóvenes sin arraigo social ha alterado la convivencia

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El anuncio de la próxima llegada de casi 700 menores extranjeros no acompañados (MENAs) procedentes de Canarias a Andalucía ha generado una oleada de inquietud entre los vecinos de Sevilla. Aunque el reparto de estos menores responde a acuerdos estatales de solidaridad entre comunidades autónomas, la opacidad con la que se está gestionando su distribución está encendiendo las alarmas en algunos barrios de la capital hispalense.

Buena parte de estos menores son originarios de Marruecos y, según datos recientes, representan una proporción importante de los niños migrantes que se integran en los sistemas de tutela de Andalucía. Sin embargo, más allá de su origen o edad, lo que preocupa a muchos sevillanos es la falta de información clara sobre cuántos de ellos serán alojados en la provincia, en qué centros, bajo qué instituciones, y qué coste económico supondrá este esfuerzo para las arcas públicas.

Del temor a la alarma social por la llegada de los MENAs

La preocupación no se limita al ámbito institucional. Varios colectivos de vecinos de diferentes barrios han expresado su malestar por el aumento de inseguridad que, en su opinión, va de la mano con la presencia de estos menores. Aunque no existen datos oficiales que avalen un incremento drástico de la delincuencia protagonizada por MENAs, la percepción de riesgo se ha intensificado. En algunos barrios, esta percepción ya se traduce en un ambiente tenso e incluso hostil hacia estos menores, que, en la práctica, están bajo la protección del Estado.

Este tipo de clima se ve intensificado por episodios recientes ocurridos en otras zonas de España. Un caso especialmente alarmante ha sido el de Torre Pacheco, en la Región de Murcia, donde una agresión a un anciano desencadenó una serie de disturbios nocturnos en los que grupos de vecinos y migrantes que han puesto en primera plana internacional los hechos.

Durante varios días, se registraron enfrentamientos violentos, agresiones organizadas y un fuerte despliegue policial para evitar que la situación degenerara aún más. La intervención de grupos ultras, que incitaron al odio a través de redes sociales, migrantes armados con palos y machetes por las calles, solo avivó las llamas de un conflicto que acabó con varias personas heridas, detenidos y una localidad en tensión.

Aunque las autoridades calificaron estos hechos como "puntuales", el impacto en la opinión pública fue considerable. Lo ocurrido en Torre Pacheco ha tenido eco en otras ciudades, como Sevilla, donde muchos temen que la llegada masiva y descoordinada de menores pueda replicar situaciones similares o más delincuencia e inseguridad si no se actúa con transparencia, planificación y firmeza.

Falta de transparencia y gestión opaca de la Junta de Andalucía

En el caso concreto de Sevilla, las críticas se centran en la gestión de la Junta de Andalucía, a la que se le reclama información detallada sobre qué centros acogerán a estos menores, qué empresas u organizaciones gestionarán su estancia, y si se cuenta con recursos suficientes para garantizar una integración real y evitar situaciones de marginalidad.

Además, hay voces que denuncian un trato preferencial hacia estos menores en aspectos como el acceso a ayudas, vivienda o programas de empleo, lo que aumenta la tensión entre jóvenes de la ciudad y migrantes. Esta sensación de agravio comparativo, combinada con la percepción de inseguridad, alimenta un discurso cada vez más polarizado.

En algunos barrios sevillanos ya se han registrado protestas de los vecinos ante la apertura de nuevos centros de acogida. Los vecinos alegan que no fueron informados previamente y que la llegada de grupos numerosos de jóvenes sin arraigo social ha alterado la convivencia. A esto se suma la preocupación por la seguridad de las zonas cercanas a estos centros, donde se han producido incidentes aislados que han sido rápidamente amplificados por redes sociales y algunos medios locales.

¿Realidad o percepción?

Sin embargo, es importante subrayar que la mayoría de los MENAs no delinquen. Expertos en protección de menores recuerdan que el porcentaje de estos jóvenes involucrados en delitos en Andalucía es muy bajo y que la mayoría busca, como cualquier menor, estabilidad, seguridad y un futuro digno. El problema no es tanto la presencia de estos menores, sino la falta de planificación e inversión adecuada en su integración social.

Los recursos actuales para atender a estos jóvenes son, en muchos casos, insuficientes. Centros saturados, personal desbordado y falta de programas efectivos de escolarización o empleo agravan la situación. En ese contexto, algunos MENAs acaban abandonando el sistema de protección y sobreviven en la calle, expuestos a riesgos mayores como la delincuencia o la explotación.

La solución no pasa por estigmatizar a los menores ni por alimentar el miedo vecinal, sino por una política seria que garantice tanto la seguridad ciudadana como el cumplimiento de los derechos fundamentales. Es urgente que las administraciones actúen con transparencia, informen con claridad a la ciudadanía y fortalezcan las estructuras de acogida y protección.

A su vez, debe haber una respuesta contundente frente a los discursos de odio y a quienes tratan de instrumentalizar el miedo para alimentar la división social. Lo ocurrido en Torre Pacheco debe servir de advertencia: cuando las instituciones fallan en informar, proteger e integrar, el vacío lo ocupan el miedo, los bulos y la violencia.

En Sevilla la convivencia no se improvisa; se construye con responsabilidad, inversión social y, sobre todo, con la voluntad política de garantizar que todos los menores, vengan de donde vengan, puedan tener una oportunidad real de integración sin convertirse en chivos expiatorios de los problemas estructurales y sociopolíticos que afectan a nuestros barrios.