La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han anunciado este martes la convocatoria de una huelga general en el sector sanitario para el próximo 23 de mayo. La medida responde al rechazo del colectivo médico al borrador del estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, el cual consideran perjudicial para sus condiciones laborales y profesionales.
Antes de la jornada de huelga, las organizaciones sindicales han programado concentraciones en diversas ciudades los días 5 y 12 de marzo, con el fin de visibilizar su oposición al proyecto legislativo. Según han manifestado en un comunicado, el objetivo de estas movilizaciones es presionar para una modificación normativa que garantice a los médicos una mayor capacidad de negociación sobre sus condiciones laborales y una representación efectiva en la toma de decisiones.
Rechazo unánime
Los sindicatos aseguran que la propuesta del Ministerio ha generado un «rechazo unánime» entre los profesionales sanitarios, al considerar que limita sus derechos y no responde a las necesidades del sector. Denuncian que, en las últimas décadas, los médicos han experimentado una progresiva pérdida de derechos, mientras que sus obligaciones han aumentado sin una contraprestación justa. Además, alertan sobre la precarización del empleo médico y el riesgo de que esta situación derive en una mayor fuga de profesionales hacia el extranjero o al sector privado, afectando la calidad del servicio en la sanidad pública.
Entre las disposiciones del estatuto marco que han generado mayor rechazo se encuentra la intención del Ministerio de Sanidad de impedir que jefes de servicio y directivos de hospitales públicos puedan ejercer en la sanidad privada. Los profesionales afectados consideran que esta medida podría tener efectos adversos, como la reducción de la disponibilidad de especialistas en hospitales públicos y un impacto negativo en la conciliación laboral.
Retrasos en la consultas
Para los usuarios del sistema de salud pública, la huelga podría suponer retrasos en consultas, cirugías y otros procedimientos médicos programados, lo que generaría un aumento de las listas de espera. Sin embargo, los sindicatos aseguran que se garantizarán los servicios mínimos para atención de urgencias y casos prioritarios, con el fin de minimizar el impacto en los pacientes.
Ante esta situación, CESM y SMA han reafirmado su compromiso en la defensa de los profesionales sanitarios y han advertido que utilizarán todas las vías legales a su alcance para garantizar sus derechos, incluida la convocatoria de huelga. La protesta también busca frenar la iniciativa del Ministerio de Sanidad y generar un debate más amplio sobre las condiciones laborales del personal médico y el futuro del sistema sanitario en España.
