Andalucía, sumida en un auge turístico sin precedentes, ha visto cómo el número de visitantes se disparaba un 10% en 2023, alcanzando la cifra récord de 33,9 millones de turistas. Este crecimiento exponencial, si bien ha impulsado la economía, ha generado una serie de tensiones sociales y ambientales que ponen de manifiesto los efectos colaterales del turismo masivo.
La inflación de los precios, la escasez de vivienda, la saturación de los servicios públicos y la expulsión de la población local son algunas de las consecuencias directas de este fenómeno. Ante esta situación, las propias asociaciones llevan años clamando por la implementación de una tasa turística, un instrumento que permitiría mitigar los impactos negativos del turismo y financiar medidas para mejorar la calidad de vida de los residentes.
Sin embargo, las administraciones andaluzas han mostrado una notable reticencia a adoptar esta medida, a pesar de las demandas ciudadanas. Esta situación ha generado un creciente malestar entre la población, que percibe una desconexión entre las instituciones y las necesidades reales que se tienen.
Propuesta de la patronal
Sorprendentemente, ha sido la propia patronal de los pisos turísticos la que ha roto el consenso y ha propuesto la imposición de una tasa turística para todo el sector, incluyendo hoteles, hostales y albergues. Según la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, esta medida, si se gestiona de manera equitativa, podría servir para mejorar los servicios públicos, impulsar políticas de vivienda social y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Las declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha abogado por un cambio legislativo que permita la implantación de un impuesto a las pernoctaciones en viviendas turísticas, refuerzan esta tendencia. De la Torre ha argumentado que los ingresos generados por esta tasa podrían destinarse a ayudar a las familias malagueñas a afrontar el elevado coste del alquiler.
La propuesta de la patronal y las declaraciones del alcalde de Málaga abren un nuevo escenario en el debate sobre el turismo en toda Andalucía. La presión social, unida a las voces cada vez más numerosas que abogan por un turismo más sostenible y responsable, podrían impulsar finalmente la adopción de una tasa turística. Sin embargo, queda por ver si las administraciones andaluzas están dispuestas a escuchar estas demandas y a tomar las medidas necesarias para garantizar un desarrollo turístico más equilibrado y beneficioso para todos.
A debate
El debate sobre la implantación de una tasa turística en Andalucía continúa estancado en un juego de responsabilidades entre administraciones. Mientras el alcalde de Málaga señala al Gobierno central como el responsable de acometer la reforma legal necesaria para permitir el cobro de este impuesto, el Ejecutivo central, a su vez, redirige la pelota hacia la Junta de Andalucía, argumentando que la legislación autonómica ya faculta a la comunidad para impulsar esta medida.
Sin embargo, la realidad es que numerosos municipios españoles, sin necesidad de una reforma legislativa integral, han encontrado vías para implementar la tasa turística. Cataluña y Baleares, por ejemplo, cuentan con normativas que permiten gravar las pernoctaciones turísticas, y ciudades como Barcelona ya aplican este impuesto. Además, Santiago de Compostela y Toledo se unirán a esta lista en 2025, con el respaldo de sus respectivas comunidades autónomas.
La inacción de las administraciones andaluzas contrasta con la determinación de otras ciudades europeas para regular el sector turístico y mitigar sus efectos negativos. Barcelona, consciente de los problemas derivados del turismo masivo, ha adoptado una postura firme y ha anunciado la extinción gradual de las licencias de las viviendas turísticas. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dejado claro que la decisión de acabar con el alquiler turístico en la ciudad es irrevocable y que, a partir de 2028, esta actividad dejará de existir en la Ciudad Condal.
Esta decisión de Barcelona marca un antes y un después en la gestión del turismo urbano y sienta un precedente que podría inspirar a otras ciudades a tomar medidas similares. La proliferación de plataformas digitales como Airbnb ha transformado radicalmente el sector turístico, poniendo en riesgo el equilibrio social y económico de muchos destinos. Ciudades como Barcelona han demostrado que es posible regular esta actividad y proteger el interés general sin perjudicar la economía local.
En Andalucía, la falta de una regulación efectiva del alquiler turístico ha generado tensiones sociales y ha contribuido a la gentrificación de numerosos barrios. La implantación de una tasa turística podría ser un primer paso para abordar estos problemas y garantizar un desarrollo turístico más sostenible y equitativo. Sin embargo, esta medida debe ir acompañada de otras políticas que limiten el número de viviendas destinadas al alquiler turístico, protejan el patrimonio cultural y natural y garanticen una distribución más equitativa de los beneficios del turismo.
La pelota está ahora en el tejado de las administraciones andaluzas. Es hora de que dejen de esconderse detrás de excusas y asuman su responsabilidad en la gestión del turismo. Los ciudadanos demandan soluciones efectivas para hacer frente a los muchos problemas planteados por el turismo masivo y garantizar un futuro más sostenible para Andalucía.
