La "mafia del taxi” impuso un ‘impuesto revolucionario’ a una empresaria del aeropuerto de Sevilla
Así operaba la “mafia del taxi” que controló el aeropuerto de Sevilla durante más de 20 años
La investigación sobre la llamada “mafia del taxi” en Sevilla ha desvelado un entramado de coacciones y monopolio en la parada del aeropuerto de San Pablo que afectó a conductores y a trabajadores del propio recinto.
En el centro del sumario figura la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi y su presidente, Antonio Velarde, quienes están siendo investigados por delitos que van desde las amenazas y los daños hasta la presunta pertenencia a organización criminal.
El caso saltó tras la denuncia de un clima de hostilidad persistente en la parada del aeropuerto, donde decenas de taxistas ajenos a Solidaridad denunciaron vejaciones, sabotajes en sus vehículos y la imposibilidad de competir.
La Policía Nacional, a través del Grupo VI de la Brigada de Información, llevó a cabo la operación denominada Aertase, que se saldó en enero con la detención de 18 conductores y la imputación de otros ocho, y en una segunda fase con arrestos adicionales.
El juez impuso medidas como la prohibición de acercarse a 500 metros del aeropuerto a varios imputados y prorrogó la instrucción del sumario hasta abril de 2026.
Entre los episodios que han salido a la luz destaca el caso de la encargada de un bar ubicado en la zona conocida como El Palenque, un local arrendado por AENA donde los taxistas disponen de una zona de esparcimiento.
La hostelera, que firmó en 2023 un contrato de diez años con el organismo público y pagaba alrededor de 2.700 euros mensuales entre alquiler y suministros, denunció que el presidente de Solidaridad le exigió un pago adicional de 1.000 euros al mes “por el alquiler de sillas y mesas” que la asociación prestaba y usaba en exclusiva.
Al negarse, la mujer sufrió la retirada de clientela, presiones en un chat grupal y, poco después, el sabotaje de sus dos coches, encontrados con las ruedas rajadas en su propio domicilio.
Impuesto revolucionario del taxi
El atestado policial describe esa exigencia como “un verdadero impuesto revolucionario” y relaciona directamente la pérdida de afluencia de taxistas al bar con la negativa inicial de la propietaria a pagar la supuesta colaboración.
En función del informe de la Brigada de Información, Solidaridad habría impuesto prácticas destinadas a preservar su “cortijo” en la terminal, garantizando a sus afiliados el acceso preferente a pasajeros y tarifas fijas que resultaban más rentables, además de recurrir en ocasiones a cobros abusivos a viajeros extranjeros.
Las escuchas judiciales autorizadas al núcleo directivo de la asociación, que sitúan a Velarde como líder, aportaron expresiones que revelan la intención de controlar el territorio y eliminar competidores.
El sumario también recoge conversaciones en las que se habla de “guardar el cortijo” y de actuaciones coordinadas para amedrentar a quienes se oponían. La Policía incluso hizo un esquema de la estructura del grupo e identificó a varios colaboradores estrechos implicados en la toma de decisiones y en la ejecución de represalias.
El impacto económico y la sensación de inseguridad entre los afectados fueron determinantes para que la investigación avanzara. Conductores de otras asociaciones relataron pérdidas significativas y miedo a denunciar por temor a represalias.
La actuación policial permitió al Ayuntamiento de Sevilla implantar un turno rotatorio en la parada del aeropuerto, poniendo fin al monopolio que Solidaridad había mantenido durante más de veinte años.
La causa, impulsada como acusación por la asociación Elite Taxi, sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, cuyo titular ha prorrogado la instrucción seis meses más.
Entre tanto, las diligencias continúan reuniendo pruebas y testimonios que buscan determinar responsabilidades penales por una conducta que, según la investigación, combinó ánimo de lucro con violencia y coacción para asegurar un negocio que, hasta ahora, parecía intocable.