La Guardia Civil busca a los encapuchados de 'Payados Justicieros' que queman y arrancan radares en Sevilla y difunden los ataques en redes
Los investigadores analizan varios vídeos de dispositivos destruidos en carreteras de la capital y su entorno
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La destrucción de varios radares de velocidad en Sevilla ha puesto en marcha una investigación de la Guardia Civil después de que comenzaran a circular por las redes sociales distintas grabaciones de los ataques.
En las imágenes aparecen personas encapuchadas que incendian dispositivos, cortan sus soportes o utilizan vehículos para arrancarlos. Los vídeos han sido difundidos por la cuenta Sevilla Enfurecida, que atribuye las acciones a un supuesto grupo de justicieros.
La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Andalucía trabaja para esclarecer los hechos y averiguar quiénes participaron en ellos.
Radares incendiados y arrancados en diferentes carreteras de Sevilla
Los ataques conocidos presentan distintas formas de actuación. Una de las grabaciones muestra a una persona con el rostro cubierto prendiendo fuego a un dispositivo instalado sobre una estructura elevada de tráfico.
En otras imágenes se observa cómo un radar es separado de su soporte mediante la fuerza de un vehículo y cómo se emplean herramientas para retirar otro equipo.
Las publicaciones sitúan algunos de estos episodios en la A-92, una de las principales vías de acceso a Sevilla desde Alcalá de Guadaíra, y en el entorno de la SE-30. También se ha informado de la destrucción de un radar municipal ubicado en la Ronda Urbana Norte.
Sin embargo, la localización exacta de todos los incidentes todavía no cuenta con confirmación oficial. La Guardia Civil ha reconocido la existencia de daños en dispositivos situados tanto dentro de Sevilla como en las afueras, pero mantiene abiertas las comprobaciones sobre las imágenes difundidas.
Tampoco se ha determinado públicamente cuántos equipos han resultado afectados ni cuándo se produjeron todos los ataques. La difusión reciente de los vídeos no significa necesariamente que los hechos hayan ocurrido durante los últimos días.
Los investigadores siguen el rastro de los vídeos difundidos en internet
La investigación está siendo desarrollada por agentes especializados en seguridad vial. Entre sus objetivos figura comprobar la autenticidad de las grabaciones, establecer las circunstancias de cada episodio e identificar a las personas que aparecen en ellas.
La cuenta Sevilla Enfurecida ha dado visibilidad a las actuaciones mediante publicaciones que muestran los daños ocasionados. Algunas presentan a sus protagonistas como integrantes de un grupo contrario a los radares, aunque esa supuesta organización y la participación de las mismas personas en los diferentes incidentes no han sido acreditadas oficialmente.
La existencia de varios vídeos tampoco permite concluir que todos los ataques respondan a una actuación coordinada. Esa posible conexión constituye una de las cuestiones pendientes de esclarecer.
Por ahora, no se ha comunicado oficialmente la identidad de los presuntos responsables ni se ha confirmado que las investigaciones hayan permitido relacionar todos los episodios.
Hasta tres años de prisión por los daños, según las circunstancias
La destrucción de radares puede tener consecuencias penales y económicas para sus autores. El artículo 263 del Código Penal contempla penas de uno a tres años de prisión para determinados supuestos agravados de daños, además de multas. La aplicación de esas penas dependerá de las circunstancias acreditadas en cada caso.
El coste de reposición también puede ser elevado. La Dirección General de Tráfico (DGT) sitúa alrededor de los 67.000 euros el valor de un radar fijo, aunque el importe concreto depende de las características del equipo y de los daños sufridos.
A ello se añade la repercusión sobre la seguridad vial. La inutilización de estos dispositivos impide temporalmente realizar los controles de velocidad previstos en los puntos afectados, hasta que los equipos puedan repararse o sustituirse.
La investigación deberá aclarar tanto la autoría de los destrozos como su alcance económico. También queda pendiente determinar si las imágenes publicadas corresponden a incidentes independientes o a una misma secuencia de actuaciones contra los sistemas de vigilancia del tráfico.