Andén con la estación del metro en Sevilla.
Estación de Metro en Sevilla.

El Supremo confirma 20 años de cárcel por el asesinato de un hombre a la salida del Metro de Sevilla

La condena por el crimen cometido en la estación de Primero de Mayo ya es firme

Actualizado:

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 20 años de prisión impuesta a Manuel L.R. por el asesinato de un hombre de 43 años en las inmediaciones de la estación de Metro de Primero de Mayo, en Sevilla.

La Sala de lo Penal ha rechazado el último recurso presentado por la defensa y mantiene íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La resolución convierte en firme tanto la pena de cárcel como la indemnización de 264.078,97 euros que el condenado deberá pagar a los familiares del fallecido.

Un ataque por la espalda tras coincidir en el Metro de Sevilla

El crimen ocurrió el 6 de junio de 2024, alrededor de las 19.10 horas, después de que el condenado y la víctima coincidieran en un vagón de la línea 1 del Metro de Sevilla.

Ambos se conocían y mantenían conflictos personales desde meses atrás. Manuel L.R. había accedido al suburbano junto a su pareja en la estación del Parque de los Príncipes, mientras que Antonio, la víctima, de 43 años, subió al tren en Prado de San Sebastián.

Al llegar a Primero de Mayo, los tres abandonaron el vagón. La víctima se dirigió hacia las escaleras acompañada por la mujer, mientras que el acusado utilizó el ascensor.

Según los hechos declarados probados, Manuel L.R. siguió al otro hombre hasta situarse detrás de él y lo atacó con un objeto punzante. Le asestó cuatro heridas con intención de matarlo, en una agresión que comenzó en las instalaciones del Metro y continuó en el exterior.

Antonio terminó desplomándose junto a una parada de autobús próxima al acceso de la estación, en la calle Federico Mayo Gayarre. Los servicios sanitarios acudieron al lugar, pero no consiguieron salvarle la vida.

El jurado popular consideró acreditado que el ataque se produjo de manera sorpresiva y por la espalda, sin posibilidades reales de defensa para la víctima.

El Supremo rechaza la legítima defensa y las atenuantes solicitadas

La defensa intentó modificar la calificación jurídica del crimen mediante varios argumentos. Sostuvo que los enfrentamientos anteriores entre ambos hombres impedían considerar que existiera alevosía y reclamó que se tuviera en cuenta un posible estado de arrebato u obcecación.

También planteó que el condenado pudo actuar creyendo que Antonio llevaba un arma y solicitó que se valorara una alteración de sus facultades relacionada con el consumo de drogas.

Sin embargo, ninguna de esas circunstancias quedó acreditada durante el juicio.

La sentencia del Supremo, fechada el 26 de octubre, recuerda que el recurso de casación no permite sustituir los hechos probados por hipótesis alternativas que no fueron aceptadas por el tribunal.

Las imágenes de las cámaras de seguridad tuvieron especial relevancia. En ellas se observaba al condenado siguiendo a la víctima de manera tranquila, una conducta que los magistrados consideraron incompatible con la reacción impulsiva alegada por su defensa.

Tampoco se acreditó que el acusado estuviera bajo los efectos de sustancias estupefacientes hasta el punto de ver afectadas sus capacidades.

La indemnización de 264.078 euros también queda confirmada

El Supremo ha descartado igualmente que se vulnerara el derecho a la presunción de inocencia del condenado.

La defensa cuestionó que las grabaciones, al carecer de sonido, permitieran descartar una posible agresión previa o una situación que justificara la reacción de su cliente.

Los magistrados rechazaron ese planteamiento y respaldaron la valoración de las pruebas realizada por los tribunales anteriores, incluidas las declaraciones de testigos, los informes periciales y el material gráfico examinado durante el procedimiento.

La resolución pone fin al recorrido judicial ordinario de la condena, inicialmente dictada el 28 de mayo de 2025 por la Audiencia de Sevilla y confirmada posteriormente por el TSJA.

Manuel L.R. deberá cumplir los 20 años de prisión establecidos por asesinato y afrontar el pago de 264.078,97 euros a la familia de Antonio, cuya muerte se produjo tras una agresión que los tribunales han considerado deliberada y ejecutada con alevosía.