“Falló el protocolo”, la Junta de Andalucía analiza la actuación del colegio Irlandesas de Loreto tras el suicidio de Sandra Peña
El colegio Irlandesas de Loreto revisa sus protocolos tras la muerte de Sandra Peña
El caso de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se quitó la vida presuntamente tras sufrir acoso escolar, ha conmocionado a la comunidad educativa y ha puesto en el punto de mira al colegio Irlandesas de Loreto, en el que estudiaba la menor.
A raíz de la tragedia, el centro ha iniciado una revisión de sus medidas de prevención y actuación frente al bullying, mientras la Fiscalía continúa investigando los hechos para determinar la existencia de responsabilidades.
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, confirmó este lunes que el colegio está “llevando a cabo actuaciones” y ha abierto un procedimiento de conciliación para analizar lo ocurrido.
Según indicó, este proceso está contemplado en la ley y servirá para valorar si el centro actuó de forma adecuada ante las señales de alerta que, según diversas fuentes, ya existían antes del suicidio de la menor.
Castillo explicó que el departamento de Educación se mantiene a la espera del informe de la Fiscalía, que será clave para confirmar si hubo una situación real de acoso.
“Estamos esperando que la Fiscalía concluya el informe para confirmar que se estaba produciendo esta situación”, explicó. Mientras tanto, el colegio ha iniciado una revisión de sus protocolos internos con el objetivo de reforzar la prevención de casos similares.
Fallos en la activación de los protocolos y suicidio de Sandra Peña
La revisión de las Irlandesas de Loreto llega después de que se conociera que el centro concertado no había activado el protocolo antiacoso ni el de conductas autolesivas, a pesar de existir indicios de que Sandra Peña podría estar atravesando una situación de hostigamiento.
Según las primeras investigaciones, el colegio tan solo separó a la joven de sus presuntas acosadoras, tras una petición expresa de la madre, pero no notificó el caso oficialmente a la Inspección Educativa, donde no consta registro alguno del incidente.
La consejera subrayó que es el propio centro quien debe depurar responsabilidades internas, tanto por posibles errores en la gestión del caso como por el incumplimiento de los protocolos obligatorios.
“Le hemos pedido al colegio que depure responsabilidades”, aseveró Castillo, quien advirtió que podrían derivarse consecuencias penales y administrativas dependiendo de los resultados de la investigación judicial.
Posibles sanciones administrativas al colegio de las Irlandesas de Loreto
Castillo precisó que la comisión de conciliación, integrada por un inspector, un representante del colegio y otro del consejo escolar, está recopilando información para determinar el grado de responsabilidad del centro.
En función de las conclusiones, las sanciones podrían variar desde un simple apercibimiento hasta la retirada del concierto educativo, pasando por multas económicas si se considera una falta grave.
“Hasta que no tengamos la información completa no podemos actuar”, explicó la consejera. “Dependemos también de los hechos probados en la vía judicial”.
Más allá de la investigación concreta, Castillo insistió en que el acoso escolar no siempre se produce dentro del centro educativo. “En muchos casos, los hechos constitutivos de acoso tienen lugar fuera del colegio o en las redes sociales”, hizo la advertencia.
La consejera destacó la importancia de implicar también a las familias y a las empresas tecnológicas en la prevención y detección de este tipo de comportamientos.
“Las medidas tienen que ir más allá del entorno escolar”, apuntó. “Las familias deben trabajar conjuntamente con los centros, y las plataformas digitales deben asumir su parte de responsabilidad. Tal vez sea necesario que un menor no pueda acceder a una red social sin la autorización de sus padres”, matizó.
La tragedia de Sandra Peña ha abierto un debate urgente sobre la eficacia de los protocolos contra el acoso escolar y la capacidad del sistema para detectar y actuar ante los primeros signos de vulnerabilidad.
Entre tanto se esperan los resultados de la Fiscalía y la comisión de conciliación, el caso se ha convertido en un símbolo de la necesidad de reforzar la prevención, la escucha activa y la responsabilidad compartida en la protección de los menores.