El proyecto junto a Fibes que combina cerca de 700 viviendas protegidas y 152 apartamentos turísticos
El proyecto junto a Fibes abre un nuevo frente en Sevilla: 152 apartamentos turísticos y cerca de 700 viviendas protegidas
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El futuro de unos terrenos públicos situados junto a Fibes ha abierto un nuevo frente político en Sevilla. El PSOE municipal ha cuestionado al Gobierno de José Luis Sanz por una operación inmobiliaria que contempla 152 apartamentos turísticos y cerca de 700 viviendas protegidas destinadas al alquiler.
Los socialistas ponen el foco tanto en el uso turístico previsto como en las condiciones económicas de las viviendas y reclaman al Ayuntamiento garantías sobre el mantenimiento de su carácter protegido.
Fibes: cerca de 700 viviendas protegidas de unos 45 metros cuadrados
La actuación prevé levantar cerca de 700 viviendas protegidas que, según los datos difundidos este jueves 13 de agosto por el Grupo Municipal Socialista, tendrán alrededor de 45 metros cuadrados. Su explotación quedaría en manos de una empresa privada.
La oposición sostiene que los alquileres superarían los 500 euros mensuales. A esa cantidad habría que añadir el coste correspondiente al garaje y al trastero, por lo que el desembolso final podría situarse alrededor de los 750 euros al mes. Estas cifras proceden de la información facilitada por el PSOE sobre el proyecto.
El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha recuperado las dudas que su grupo ya había expresado anteriormente sobre la actuación.
El elemento que ahora centra buena parte de sus críticas es la presencia de 152 apartamentos turísticos en una operación que, según su versión, había sido presentada durante meses bajo el concepto de alojamientos transitorios.
La discusión no se limita, por tanto, al número de viviendas protegidas que se incorporarán al mercado. También alcanza al modelo elegido para desarrollar un suelo de titularidad pública y al peso que tendrá el alojamiento turístico dentro del conjunto.
Los 152 apartamentos ponen el foco sobre la movilidad de Sevilla Este
La ubicación del proyecto añade otro elemento al debate. Los terrenos se encuentran junto al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, en un entorno de Sevilla Este donde el PSOE considera que ya existen dificultades importantes de tráfico.
Los socialistas sostienen que la actividad asociada a los 152 apartamentos puede generar nuevos desplazamientos y aumentar la presión sobre la movilidad.
Por este motivo, reclaman al Gobierno municipal explicaciones específicas acerca de las consecuencias que puede tener la actuación para el tráfico y los servicios de la zona.
El grupo de la oposición también plantea qué otros usos podrían haberse dado a esos terrenos. Entre las alternativas que menciona aparecen equipamientos sanitarios, instalaciones deportivas y otros servicios públicos que considera necesarios para el distrito.
La crítica política se centra así en una decisión urbanística concreta: dedicar una parcela pública a una operación que combina vivienda protegida en alquiler con alojamiento turístico y gestión privada.
El PSOE pide garantías para evitar futuros cambios de uso
Otro de los puntos sobre los que el PSOE quiere obtener compromisos municipales afecta al futuro de las viviendas. El grupo reclama garantías para que mantengan su finalidad social y no puedan terminar destinadas posteriormente a otros usos.
La petición cobra especial importancia para los socialistas por las características de la operación: suelo público, viviendas protegidas gestionadas por una empresa privada y una bolsa diferenciada de apartamentos turísticos en el mismo ámbito.
Juan Tomás de Aragón ha utilizado precisamente esa combinación para cuestionar el modelo seguido por el Ejecutivo local. Frente a la fórmula planteada, el concejal defiende que los terrenos públicos de Sevilla Este deberían priorizar vivienda y servicios públicos destinados a las necesidades de los residentes del distrito.
El Grupo Municipal Socialista anuncia ahora que exigirá transparencia sobre el conjunto de la actuación. Entre sus demandas figuran conocer con claridad las condiciones de la operación, asegurar la protección futura de las cerca de 700 viviendas y obtener explicaciones sobre las consecuencias de incorporar 152 apartamentos turísticos junto a Fibes.