La persistente indignación vecinal por el prolongado cierre del aparcamiento de Sinaí ha forzado al equipo de gobierno que encabeza José Luis Sanz a dar un paso adelante. El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites para recuperar el uso del parking rotatorio ubicado entre las calles Sinaí y Baltasar Gracián, que permanece clausurado desde hace más de tres años por problemas administrativos y conflictos entre concesionarias y usuarios.
La Gerencia de Urbanismo ha sacado a licitación la contratación de una empresa especializada que se encargue de redactar un informe técnico y jurídico. Este documento deberá analizar la posible extinción de la actual concesión mediante su desafectación, paso necesario para permitir la venta de las 438 plazas de este aparcamiento subterráneo —repartidas en cuatro plantas— a los vecinos, y reconvertir su gestión en privada.
Conflictos por el cierre del parking
Desde el Ayuntamiento se argumenta que el cierre responde a una «crisis del modelo concesional», agravada por disputas constantes entre los usuarios y las dos empresas concesionarias: Aliseda, que gestiona la planta -1, y Kügelchen Properties S.L., encargada de las plantas -2, -3 y -4. Las quejas acumuladas por desacuerdos sobre los gastos de mantenimiento, las condiciones contractuales y el estado de conservación del parking han sido numerosas y están documentadas en los expedientes municipales.
La iniciativa se enmarca en la nueva política de movilidad urbana, que apuesta por promover aparcamientos subterráneos en vías públicas con una fórmula de gestión privada. Según explican los técnicos de Urbanismo en los pliegos del concurso, el objetivo es que las futuras infraestructuras de este tipo sean construidas por operadores privados que luego vendan las plazas a residentes.
Aunque el parking de Sinaí ya está construido, se propone aplicar este modelo, adaptándolo mediante la extinción de la concesión actual. Esto permitiría transferir las plazas a los vecinos en condiciones que deberán ser pactadas entre el Ayuntamiento, los concesionarios y los actuales usuarios con contrato vigente.
Para ello, el estudio encargado debe establecer, con objetividad e imparcialidad, la calificación jurídica de los derechos de los usuarios y concesionarios. Se tomarán como base los contratos suscritos, su duración, las cantidades entregadas y los gastos asumidos por mantenimiento y conservación. El análisis no será individual, sino que se elaborarán criterios generales aplicables a todos los casos.
Respecto a las concesionarias, se evaluará el grado de cumplimiento del plan de viabilidad, el estado de las instalaciones, las posibles deudas de canon y los derechos económicos derivados de los contratos en vigor. Esta valoración será clave para definir los términos del proceso de extinción y el eventual traspaso de las plazas.
Con este movimiento, el gobierno local busca dar respuesta a años de descontento vecinal, recuperar un espacio clave para la movilidad del barrio y sentar las bases de un nuevo modelo de aparcamientos urbanos, más flexible y centrado en las necesidades reales de los residentes.
