Puerta de acceso en la calle del Colegio de las Irlandesas de Loreto en Sevilla.
Colegio de las Irlandesas de Loreto en Sevilla.

El caso Sandra Peña abre un nuevo escenario para el colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla

Mientras la Junta de Andalucía mantiene abierta la vía administrativa contra el centro por no activar el protocolo de protección

Actualizado:

El caso de Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años fallecida en octubre de 2025, continúa teniendo consecuencias para el colegio Irlandesas de Loreto.

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha concluido su investigación sobre las tres alumnas señaladas por presunto acoso escolar y aprecia indicios delictivos en la actuación de dos de ellas.

Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía mantiene abierta la vía administrativa para determinar las responsabilidades del centro educativo, cuya actuación ya fue cuestionada por la Audiencia Provincial.

Dos menores acusadas y una investigación que llega a los tribunales

La Fiscalía considera que dos de las tres adolescentes investigadas podrían haber cometido delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas por el trato dispensado a Sandra Peña durante su etapa escolar.

Esta decisión supone un avance en el procedimiento seguido contra las menores, que deberán afrontar un juicio. La acusación no implica una declaración de culpabilidad, que corresponde determinar al órgano judicial competente.

La investigación se inició después del fallecimiento de Sandra, ocurrido el 14 de octubre de 2025. Su familia había comunicado previamente al colegio que la adolescente sufría situaciones de acoso por parte de varias compañeras.

La muerte de la menor provocó numerosas concentraciones de estudiantes y familias, tanto en Sevilla como en otras ciudades españolas, para reclamar una respuesta más eficaz ante el acoso escolar.

El procedimiento contra las adolescentes es independiente de las actuaciones judiciales emprendidas por los padres contra los responsables del colegio.

La Audiencia cuestionó la actuación del colegio pese al archivo penal

La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó en septiembre de 2026 el archivo de la querella presentada por la familia contra el centro concertado y varios integrantes de su equipo directivo.

Los magistrados consideraron que no existían elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal por la muerte de la adolescente. Sin embargo, la resolución fue especialmente crítica con la respuesta educativa.

El tribunal calificó la intervención del colegio como deficitaria e insuficiente y señaló que no se había actuado con la urgencia exigida por el protocolo de acoso escolar.

La investigación administrativa también constató que el centro no activó dicho procedimiento ni comunicó formalmente la situación a la Inspección educativa, pese a las advertencias de la familia.

Esta distinción resulta fundamental: el archivo de una causa penal no elimina automáticamente las posibles responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones de protección del alumnado.

La resolución judicial dejó abierta la posibilidad de exigir responsabilidades por otras vías, aunque descartó la atribución penal solicitada contra los profesionales investigados.

El futuro del centro y las posibles medidas de la Junta de Andalucía

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional anunció en mayo de 2026 la apertura de un expediente sancionador contra Irlandesas de Loreto por no aplicar los mecanismos establecidos para afrontar posibles situaciones de acoso.

La Administración autonómica explicó que la gravedad de la infracción determinaría las consecuencias para el colegio. Las medidas podrían ir desde un apercibimiento o una sanción económica hasta la retirada del concierto educativo, reservada para los supuestos más graves.

La decisión definitiva depende de la tramitación del expediente y de la valoración de las responsabilidades que puedan acreditarse.

En paralelo, el centro aparece vinculado a otra cuestión educativa: su adscripción al IES Híspalis de Sevilla. El titular publicado sobre este asunto apunta a la desaparición de esa vinculación, aunque no ha sido posible verificar documentalmente las condiciones del cambio, su fecha de aplicación ni sus efectos concretos sobre el alumnado.

La adscripción entre centros tiene relevancia para las familias porque interviene en la organización del tránsito entre etapas educativas y en los procedimientos de escolarización.

En cualquier caso, una modificación de estas características no debe confundirse con una sanción administrativa ni con la eventual retirada del concierto educativo, que requiere su propio procedimiento.

Entre tanto, la familia de Sandra Peña continúa reclamando responsabilidades por la respuesta que recibió su hija. El procedimiento contra las dos menores y las actuaciones administrativas sobre el colegio mantienen abiertos dos frentes distintos de un caso que ha situado la prevención del acoso escolar entre las principales preocupaciones de la comunidad educativa andaluza.