El Ayuntamiento de Sevilla empieza a multar con dureza a los bares por los veladores ilegales
El Ayuntamiento de Sevilla intensifica las multas a bares por veladores ilegales en plena revisión de la ordenanza
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El Ayuntamiento de Sevilla ha endurecido en las últimas semanas la vigilancia sobre los establecimientos hosteleros que mantienen veladores sin autorización o incumplen las condiciones fijadas en sus licencias.
La medida llega en un momento de máxima tensión entre vecinos, hosteleros y administración municipal por la ocupación del espacio público en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas con elevada presión turística y acústica.
El gobierno local sostiene que la Policía Local y los servicios de inspección están reforzando los controles para detectar terrazas que superan el número permitido de mesas y sillas o que directamente carecen de autorización municipal.
La actuación coincide además con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de veladores, aprobada este año, que introduce criterios más estrictos sobre accesibilidad y ocupación de las vías públicas.
Más inspecciones y sanciones en zonas con conflictos vecinales
La presión de los vecinos sobre el Ayuntamiento de Sevilla se ha intensificado durante los últimos años en barrios donde el crecimiento de terrazas ha provocado denuncias recurrentes por ruido, dificultad de paso y ocupación excesiva de acerados.
Algunos de esos conflictos se concentran en áreas declaradas acústicamente saturadas, como Reina Mercedes, donde incluso el Defensor del Pueblo Andaluz ha advertido de la reincidencia de determinados establecimientos.
Los expedientes abiertos por Urbanismo reflejan casos de negocios sancionados en varias ocasiones por instalar más mesas de las autorizadas o mantener terrazas pese a órdenes municipales de retirada.
Según la documentación conocida en distintos procedimientos, algunas multas coercitivas se han repetido durante años sin que cesaran los incumplimientos.
El Ayuntamiento de Sevilla defiende ahora que el objetivo es evitar una sensación de impunidad y garantizar que las autorizaciones se cumplan en todos los distritos.
El alcalde, José Luis Sanz, ya había reconocido públicamente la necesidad de encontrar un equilibrio entre la actividad económica de la hostelería y el derecho de los vecinos al descanso y al tránsito peatonal.
La nueva ofensiva municipal también pretende responder a las críticas recibidas por la lentitud de algunos expedientes sancionadores. En varias resoluciones, el Defensor del Pueblo Andaluz llegó a cuestionar la eficacia del control municipal sobre establecimientos reincidentes.
La nueva ordenanza endurece las condiciones para las terrazas
La regulación aprobada por el Ayuntamiento introduce nuevas limitaciones sobre el uso del espacio público por parte de bares y restaurantes. Entre las medidas más relevantes figura la obligación de mantener un paso libre mínimo de 1,80 metros entre la fachada y los veladores para garantizar la accesibilidad peatonal.
La norma también fija porcentajes máximos de ocupación dependiendo de la anchura de las calles y contempla sanciones económicas que pueden alcanzar importes elevados en los casos considerados graves.
El texto ha generado rechazo tanto en parte del sector hostelero como en asociaciones vecinales, aunque por motivos distintos. Los empresarios alertan de posibles pérdidas económicas y reducción de terrazas, mientras que algunos colectivos ciudadanos consideran insuficientes las restricciones previstas.
En paralelo, el Ayuntamiento ha incorporado herramientas digitales para facilitar el control ciudadano sobre los veladores autorizados. La aplicación municipal permite consultar en tiempo real las licencias concedidas a cada establecimiento y comunicar posibles excesos para que actúen los inspectores o la Policía Local.
La intensificación de las sanciones evidencia que el conflicto sobre los veladores continúa lejos de cerrarse en Sevilla. El crecimiento de las terrazas tras la pandemia consolidó un modelo de ocupación del espacio público que ahora el Ayuntamiento trata de ordenar mediante inspecciones más frecuentes y una normativa más exigente.
Mientras los hosteleros reclaman flexibilidad para mantener actividad y empleo, las asociaciones vecinales exigen controles más rápidos y efectivos contra los incumplimientos.
La aplicación real de las nuevas medidas y la capacidad municipal para ejecutar las sanciones pendientes serán determinantes en los próximos meses para comprobar si el endurecimiento anunciado logra reducir las irregularidades detectadas en distintos puntos de la ciudad.