Desmantelada una red de expoliadores arqueológicos en Sevilla, más de 3.000 piezas recuperadas
Las piezas recuperadas no son meros objetos antiguos; son fragmentos de historia que conforman el legado cultural de la Humanidad
En una operación contra el patrimonio arqueológico español frente al expolio, la Policía Nacional ha detenido a siete personas en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén por su implicación en la venta ilegal de más de 3.200 piezas arqueológicas.
El centro de esta red se encontraba en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, donde una pareja gestionaba una empresa de compraventa de monedas antiguas en portales digitales. Su actividad, sin embargo, iba mucho más allá del coleccionismo ya que constituía un sofisticado entramado de expolio, contrabando y blanqueo de capitales.
Expolio en Sevilla y otros puntos de Andalucía
Las investigaciones comenzaron en marzo de 2023, cuando los agentes detectaron una tienda online especializada en numismática que ofrecía objetos con muchas evidencias de extracción reciente, como restos de tierra adheridos. La sospecha de expolio fue corroborada por arqueólogos y técnicos, esto provocó que se activara un seguimiento minucioso a la empresa y sus vínculos internacionales.
La red comercializaba estos bienes patrimoniales a través de canales digitales hacia países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia o Reino Unido, sin solicitar en ningún caso los permisos de exportación requeridos por la legislación española. Los beneficios económicos superaban el medio millón de euros, sin que constara una justificación legal para esas ganancias.
Una estructura criminal perfectamente organizada
La empresa sevillana operaba como centro neurálgico del negocio ilícito. Mientras el responsable varón mantenía contacto directo con expoliadores, seleccionaba el material y organizaba los envíos, su pareja se encargaba de la contabilidad y logística. Una empleada gestionaba la página web y los paquetes, entre los cuales se llegó a interceptar uno con casi 1.900 piezas arqueológicas listas para su distribución.
El resto de los detenidos operaban desde Lucena -en Córdoba- y Linares -en Jaén-, encargándose de vender objetos de menor valor en subastas digitales o directamente en redes sociales. Algunos de ellos, incluso, realizaban sus propias incursiones en yacimientos con detectores de metales, violando gravemente las leyes de protección del patrimonio histórico.
La operación culminó con registros simultáneos en los domicilios de los investigados, en los que se incautaron 3.200 piezas arqueológicas tales como monedas, fíbulas, lucernas, puntas de flecha, una jarra romana intacta, figuras de bronce y fragmentos con inscripciones latinas.
Junto a estos objetos se encontraron 37.625 euros en efectivo y numerosos dispositivos electrónicos que contenían pruebas clave.
Los técnicos del Museo Arqueológico de Sevilla han determinado que los objetos abarcan un espectro cronológico que va desde la Edad del Cobre hasta la Edad Contemporánea. Su buen estado de conservación indica que muchos fueron extraídos de contextos arqueológicos cerrados, es decir, de yacimientos aún no documentados. Una pérdida científica irreparable.
Patrimonio español vendido como “regalo”
El informe policial revela que los compradores de estas piezas arqueológicas solicitaban que los pagos se camuflasen bajo conceptos como “regalo”, para evitar cualquier vinculación con el tráfico de bienes culturales.
Esta práctica encubre o disimula una realidad preocupante: el mercado negro del patrimonio sigue activo y adaptado a los nuevos canales digitales, donde la fiscalización y el control resultan más difíciles.
Las piezas recuperadas no son meros objetos antiguos; son fragmentos de historia que conforman el legado cultural de la Humanidad. Su extracción y comercialización ilícita no solo priva a la ciencia de su estudio, sino que borra el contexto arqueológico que permite entender el pasado.
El expolio sistemático detectado en esta operación pone de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia en los yacimientos y de actualizar los mecanismos de control en plataformas digitales. Mientras tanto, las autoridades trabajan para identificar el origen exacto de las piezas y devolverlas al patrimonio público, donde puedan ser conservadas, investigadas y compartidas con la sociedad.
Este caso es un duro recordatorio de que el expolio arqueológico no es una actividad marginal, sino un delito organizado que se enriquece a costa de la memoria colectiva.