Sobre pared color encarnado la placa de la Junta de Andalucía que se lee Residencia San Sebastián.
Residencia San Sebastián en Cantillana.

Un desahucio amenaza la residencia de 60 personas con discapacidad en un pueblo de Sevilla: el juicio ya tiene fecha

El Ayuntamiento reclama a la Sareb que negocie con la Fundación SAMU para garantizar la continuidad del centro

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La incertidumbre se ha instalado en la residencia San Sebastián de Cantillana, donde 60 personas con discapacidad intelectual podrían verse obligadas a abandonar el centro en el que reciben atención especializada.

El inmueble pertenece a la Sareb y está afectado por un procedimiento de desahucio cuyo juicio está previsto para el próximo 30 de noviembre.

Ante la proximidad de esa fecha, la Fundación SAMU, responsable de la gestión, y la alcaldesa, Rocío Campos, reclaman una salida negociada que evite interrumpir la atención a los residentes.

Un juicio el 30 de noviembre y un posible desalojo en enero

El calendario judicial ha aumentado la preocupación por el futuro de este centro asistencial. Según la información facilitada por la Fundación SAMU, la vista por la demanda de desahucio está señalada para el 30 de noviembre, mientras que el lanzamiento figura previsto para enero.

La situación afecta a personas que necesitan apoyos especializados en su vida cotidiana. La residencia atiende a usuarios con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta mediante programas individualizados, acompañamiento permanente y actividades orientadas a desarrollar su autonomía personal y social.

Para la entidad gestora, la continuidad del servicio resulta fundamental, no solo por la atención profesional que reciben los usuarios, sino también por los vínculos que han establecido con los trabajadores y con su entorno habitual.

La fundación ya ha trasladado al juzgado las circunstancias sociales del caso y las consecuencias que podría provocar el desalojo. Sin embargo, según la información difundida por la propia organización, todavía no existe un pronunciamiento judicial sobre estas cuestiones.

La Fundación SAMU lleva años intentando comprar el edificio

El conflicto inmobiliario tiene antecedentes que se remontan más de una década. La Fundación SAMU gestiona la residencia desde 2010, mientras que la propiedad del inmueble pasó a manos de la Sareb en 2015.

Después de un primer intento de desalojo, la entidad consiguió mantener el contrato de alquiler. Desde entonces, asegura haber presentado distintas propuestas para adquirir el edificio y garantizar la estabilidad del proyecto asistencial.

Esas iniciativas, según sostiene la fundación, no han obtenido una respuesta que permita cerrar una solución definitiva.

La compra del inmueble continúa siendo una de las principales alternativas planteadas por SAMU, aunque la organización también se muestra dispuesta a estudiar otras fórmulas que aseguren la permanencia de los residentes.

El centro mantiene un concierto con la Junta de Andalucía y presta un servicio especializado a personas con importantes necesidades de apoyo. La entidad considera que cualquier decisión sobre el edificio debe valorar también las consecuencias asistenciales y personales de un eventual traslado.

La alcaldesa de Cantillana pide una negociación urgente con la Sareb

La alcaldesa de Cantillana, Rocío Campos, ha intervenido públicamente para reclamar una solución antes de que avance el procedimiento judicial. La regidora considera imprescindible que la Sareb y la Fundación SAMU establezcan una negociación que permita preservar el funcionamiento de la residencia.

Campos ha insistido en que las necesidades de los usuarios deben ocupar un lugar prioritario en cualquier acuerdo. También ha recordado que el centro constituye su hogar y que una posible salida del inmueble afectaría a sus cuidados, sus rutinas y sus relaciones personales.

El Ayuntamiento de Cantillana ha expresado su disposición a colaborar dentro de sus competencias y ha solicitado la participación de las administraciones con capacidad para intervenir en el conflicto.

Por ahora, la fundación mantiene su petición de adquirir el edificio o alcanzar otro acuerdo que permita continuar prestando asistencia en las instalaciones actuales.

Con el juicio previsto para finales de noviembre y el lanzamiento señalado para enero, la negociación con la Sareb se presenta como una de las vías para evitar que el procedimiento termine afectando directamente a los 60 residentes.