Los padres de Sandra Peña rompen el silencio: “El colegio no hizo nada”
El caso de Sandra Peña reabre el debate sobre el acoso escolar y la responsabilidad de los centros educativos
Cinco meses después del triste fallecimiento de Sandra Peña, sus padres continúan inmersos en un proceso judicial y emocional que, según explican, les obliga a reconstruir su vida en ausencia de su hija.
La menor, que presuntamente sufría acoso escolar en su centro educativo, se quitó la vida en un caso que ha puesto el foco sobre la actuación de los colegios ante situaciones de riesgo.
José Manuel Peña y Zara Villar sostienen que alertaron al centro en varias ocasiones. La madre relata que fue a finales de junio cuando Sandra le confesó su malestar, señalando directamente a tres compañeras.
En ese momento, aunque desconocía la gravedad de la situación, decidió comunicarlo al colegio con la intención de evitar que coincidieran el curso siguiente. Durante el verano, la menor comenzó tratamiento psicológico tras presentar autolesiones.
A principios de septiembre, la familia trasladó al centro un informe elaborado por la psicóloga. Según su testimonio, en una reunión mantenida con responsables del colegio se acordó activar protocolos tanto por acoso como por autolesiones. Sin embargo, los padres denuncian que dichas medidas nunca se aplicaron realmente.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la supuesta modificación de un acta interna. Según explican, en el documento original se incluía una nota en la que se indicaba la apertura de ambos protocolos.
Esa anotación, aseguran, desapareció en la versión presentada posteriormente. La familia afirma disponer de una fotografía que demostraría la existencia inicial de ese contenido.
La sensación de engaño es uno de los sentimientos más reiterados por los padres. Afirman que confiaron en que su hija estaría vigilada dentro del centro. Sin embargo, sostienen que esa supervisión nunca se produjo.
Como prueba de ello, señalan que Sandra escribió su carta de despedida durante una clase, sin que nadie detectara señales de alarma.
El relato también incluye episodios que, a juicio de la familia, evidencian la falta de protección. Entre ellos, mencionan una excursión en la que la menor coincidió con las presuntas acosadoras pocos días antes de su muerte. Consideran que esta decisión pudo agravar su situación emocional.
El caso de Sandra Peña en la Fiscalía de Menores de Sevilla
En el ámbito judicial, el caso sigue en fase de investigación por parte de la Fiscalía de Menores. La querella presentada contra el centro y parte del personal docente ha sido admitida a trámite, aunque el colegio ha solicitado su archivo.
La familia insiste en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades.
Más allá del proceso judicial, el caso ha reavivado el debate sobre la eficacia de los protocolos contra el acoso escolar. Los padres subrayan que estas herramientas pueden funcionar, pero únicamente si se aplican de manera rigurosa. De lo contrario, advierten, se convierten en meros trámites sin impacto real.
Tras la muerte de Sandra, otras familias se han puesto en contacto con ellos para compartir experiencias similares.
Este hecho refuerza su convicción de que no se trata de un caso aislado, sino de un problema que requiere una respuesta más contundente por parte de las instituciones educativas.
En paralelo, destacan el apoyo recibido por parte de la administración autonómica y de diversos colectivos sociales.
Pese a ello consideran que el verdadero cambio dependerá de que se adopten medidas ejemplares que eviten que situaciones como esta se repitan.
Mientras tanto, la familia intenta recomponerse en un día a día marcado por la ausencia. El recuerdo de Sandra permanece presente, no solo en su entorno más cercano, sino también en iniciativas simbólicas impulsadas por su comunidad, que buscan mantener viva su memoria y dar visibilidad a una realidad que sigue afectando a muchos menores.