La pregunta que sigue sin respuesta en el caso Sandra Peña tras el cierre judicial
El archivo de la querella por el caso Sandra Peña reabre las dudas sobre lo ocurrido dentro del colegio
La decisión judicial de archivar la querella presentada por los padres de Sandra Peña contra el colegio Irlandesas de Loreto ha reactivado el debate sobre la investigación de uno de los casos que más impacto ha causado en Sevilla en los últimos meses.
La menor, de 14 años, se quitó la vida en octubre de 2025 tras sufrir un presunto episodio de acoso escolar. Ahora, el foco vuelve a situarse sobre varios datos de la autopsia y sobre la actuación del centro educativo en los días previos a la tragedia.
El juzgado acordó el sobreseimiento de la causa al considerar que el colegio adoptó medidas frente a la situación denunciada por la familia y que no podía exigírsele una vigilancia permanente fuera de sus instalaciones.
No obstante, los padres sostienen que la investigación quedó incompleta y han recurrido la resolución al entender que existen aspectos esenciales que nunca llegaron a esclarecerse. Entre ellos, la presencia de alcohol en el organismo de la menor y unas lesiones detectadas en uno de sus brazos.
La autopsia sitúa nuevas preguntas sobre las últimas horas de Sandra
Uno de los elementos que más controversia ha generado es el contenido de la autopsia. Según han revelado los padres de la menor, el informe forense reflejó una tasa de 0,59 miligramos de alcohol en sangre en el momento de la muerte.
La familia considera que esa circunstancia exige una investigación específica porque Sandra salió del colegio pocos minutos antes de los hechos y, según sostienen, no existen indicios de que consumiera alcohol fuera del centro educativo.
La madre de la adolescente ha insistido públicamente en que durante la inspección realizada en el domicilio familiar no se hallaron restos de bebidas alcohólicas ni evidencias que permitieran situar la ingesta fuera del horario escolar.
Ese argumento forma parte del recurso presentado contra el archivo de la querella y constituye uno de los principales puntos de discrepancia con la decisión judicial.
A ello se suman los cortes localizados en uno de los brazos de la menor. Los progenitores sostienen que esas lesiones también deberían haber sido objeto de una investigación más amplia, especialmente porque Sandra había mostrado anteriormente conductas autolesivas que eran conocidas por el entorno educativo.
La familia plantea dudas sobre cuándo se produjeron esas heridas y si llegaron a detectarse durante la jornada lectiva.
La familia cuestiona la falta de diligencias previas al archivo
Otro de los argumentos centrales del recurso es que el juzgado acordó el archivo sin practicar diligencias previas.
Los padres consideran que antes de cerrar la causa debieron tomarse declaraciones, analizar documentación adicional y contrastar los resultados obtenidos por la Fiscalía de Menores, que mantiene una investigación paralela relacionada con las presuntas situaciones de acoso sufridas por la estudiante.
La resolución judicial reconoce que el protocolo específico contra el acoso escolar no llegó a activarse formalmente, aunque considera que el colegio sí adoptó determinadas medidas de seguimiento y apoyo.
Esa valoración es precisamente uno de los puntos más discutidos por la familia, que entiende que la ausencia de dichos protocolos impidió un control adecuado de una alumna que ya había mostrado signos de vulnerabilidad psicológica.
Los padres sostienen además que las conclusiones alcanzadas por la Fiscalía de Menores apuntan a la existencia de una situación de acoso escolar conocida por distintas personas del entorno educativo. A su juicio, esos elementos deberían haber tenido un mayor peso en la valoración judicial de la responsabilidad del centro.
La Audiencia de Sevilla decidirá si la causa continúa
El futuro del procedimiento dependerá ahora de la respuesta al recurso presentado por la familia. Será la Audiencia de Sevilla la que determine si existen motivos suficientes para reabrir la investigación o si se mantiene el archivo acordado por el juzgado de instrucción.
De forma paralela, la Junta de Andalucía continúa tramitando el expediente administrativo abierto para analizar si el colegio incumplió la obligación de activar los protocolos previstos ante posibles casos de acoso escolar.
La resolución que adopten ambas vías será determinante para esclarecer si quedan aspectos pendientes de investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Sandra Peña.
Entre las cuestiones aún sin respuesta figuran el origen del alcohol detectado en la autopsia, el contexto en el que se produjeron las lesiones observadas por los forenses y el alcance real de las medidas de protección que el centro educativo puso en marcha durante las semanas anteriores al fallecimiento.