La obra del puente del Centenario se bloquea: la UTE pide romper el contrato tras dispararse un 38,9%
Acciona solicita anular la obra del puente del Centenario en Sevilla por superar el límite legal
La unión temporal de empresas (UTE) encargada de la ampliación del puente del Centenario de Sevilla ha solicitado al Ministerio de Transportes la anulación del contrato tras las discrepancias surgidas por el segundo modificado del proyecto.
La petición, confirmada por fuentes del sector, llega en un momento crítico para una obra clave en la movilidad del área metropolitana, por la que circulan a diario unos 100.000 vehículos.
La UTE, liderada por Acciona junto a Tecade y Freyssinet, sostiene que la suma de los modificados contractuales ha superado el límite legal establecido. El primero alcanzó el 19,2% y el segundo el 19,92%, lo que eleva el incremento total al 38,94% sobre el presupuesto inicial.
La legislación vigente fija un máximo del 20%, y su superación permite a cualquiera de las partes desvincularse del contrato.
Puente del Centenario: un contrato al límite legal
Las empresas consideran que la situación actual vulnera los márgenes establecidos por la ley de contratos del sector público.
Según su interpretación, el volumen acumulado de modificaciones justifica la rescisión del acuerdo sin penalización. “Cuando se supera el 20% del modificado, una de las partes puede desligarse”, apuntan las fuentes consultadas.
La UTE defiende que el proyecto ha entrado en una fase difícil de gestionar. A la complejidad técnica se suma la exigencia de mantener el tráfico sin cortes totales en una de las principales arterias de acceso a Sevilla.
Este condicionante ha obligado a replantear continuamente los trabajos, incrementando la incertidumbre y dificultando la planificación.
Desde el Ministerio que dirige Óscar Puente no se ha hecho pública una valoración oficial sobre la solicitud. Sin embargo, el escenario que se abre contempla la posibilidad de una rescisión parcial del contrato, con la obligación de las actuales adjudicatarias de finalizar las actuaciones ya abonadas.
Cambios técnicos y encarecimiento de la obra del Centenario
La UTE insiste en que el conflicto no responde a una reclamación económica directa, sino a problemas estructurales del propio proyecto.
Uno de los ejemplos más relevantes es el impacto del encarecimiento del acero tras el estallido de la guerra en Ucrania. El aumento de costes obligó a revisar las previsiones iniciales.
Las ingenierías Fhecor e Ideam, que asesoran al Ministerio, recomendaron reducir la cantidad de acero prevista en la obra. El ajuste supuso pasar de 8.000 toneladas a unas 5.000, afectando a elementos clave como las estructuras que soportan los nuevos tirantes del puente. Este cambio técnico derivó en el segundo modificado del contrato, ahora en el centro de la controversia.
Las empresas consideran que la acumulación de ajustes ha desdibujado el proyecto original hasta hacerlo inviable en sus términos actuales. Su posición pasa por una nueva licitación que redefina las condiciones y permita retomar los trabajos con mayor estabilidad.
Retrasos y sobrecostes acumulados
La ampliación del puente del Centenario se adjudicó en agosto de 2021 con un plazo de ejecución de 27 meses y un presupuesto de 86,4 millones de euros. Sin embargo, la obra ha duplicado su duración prevista, superando los 54 meses, y el coste se ha elevado hasta los 136 millones.
El objetivo de la intervención es ampliar el tablero para incorporar un sexto carril y sustituir los 88 tirantes del puente. No obstante, el avance de los trabajos ha sido más lento de lo previsto, con sucesivos ajustes que han alterado tanto los plazos como el presupuesto.
En caso de que prospere la rescisión, el Ministerio tendría que licitar un nuevo contrato para completar la actuación. Las actuales adjudicatarias aseguran que dejarían preparada la infraestructura para facilitar la transición a una nueva UTE, evitando la paralización total de la obra.
La solicitud de anulación se produce además en un contexto político sensible, a las puertas del inicio de la campaña electoral en Andalucía, lo que añade presión a una infraestructura estratégica cuya finalización sigue sin fecha clara.