La Justicia levanta las restricciones a los taxistas acusados de controlar el aeropuerto de Sevilla
El juez levanta las restricciones a los 26 taxistas investigados por la ‘mafia del aeropuerto’ de Sevilla
El juez de Instrucción número 4 de Sevilla ha revocado las medidas cautelares que impedían a 26 taxistas investigados por el denominado caso de la “mafia del taxi” acceder al aeropuerto de San Pablo.
La decisión afecta también a Antonio Velarde, presidente de la asociación Solidaridad del Taxi, considerado uno de los principales investigados dentro de una causa que analiza presuntas coacciones, amenazas y control irregular de la parada del aeródromo sevillano.
La resolución judicial llega después de que el magistrado haya valorado el estado avanzado de la investigación y la ausencia de incumplimientos recientes por parte de los investigados.
Según recoge el auto, el juzgado considera que el riesgo de reincidencia es actualmente “mínimo” y que mantener las restricciones supondría un perjuicio laboral desproporcionado para los conductores afectados.
Las medidas habían sido impuestas a comienzos de 2025, tras la operación policial Aertase, desarrollada por la Policía Nacional contra un grupo de taxistas acusado de monopolizar durante años la parada del aeropuerto de Sevilla mediante intimidaciones y presiones a otros profesionales del sector.
En aquella intervención fueron detenidos inicialmente 18 conductores y, semanas después, otros ocho taxistas fueron arrestados en una segunda fase de la investigación.
Taxi: el juez aprecia una reducción del riesgo y elimina la prohibición de acceso
El auto señala que desde enero y septiembre de 2025, fechas en las que se adoptaron y modificaron parcialmente las medidas cautelares, no se han producido incidentes atribuibles a los investigados. Ese comportamiento ha sido determinante para que el instructor acuerde ahora el levantamiento de las limitaciones.
Hasta este momento, los taxistas tenían prohibido acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto de San Pablo. Posteriormente, el juzgado permitió únicamente el acceso para dejar pasajeros recogidos fuera del recinto aeroportuario, aunque seguía vetada la posibilidad de cargar clientes en la terminal.
En el caso concreto de Antonio Velarde, el juez recuerda que volvió a endurecerle las restricciones en noviembre de 2025 después de que supuestamente incumpliera las condiciones impuestas. Las cámaras del aeropuerto captaron entonces cómo recogía a una pasajera en la zona de salidas, algo expresamente prohibido.
Pese a ello, el instructor sostiene ahora que desde aquel episodio no se han repetido conductas similares y que procede dejar sin efecto la prohibición.
La resolución añade que el funcionamiento del servicio de taxi en el aeropuerto no se verá afectado negativamente con esta decisión y advierte de que las medidas podrían volver a imponerse si se detectan nuevas irregularidades.
Una investigación que puso el foco en el control del aeropuerto
La causa judicial investiga desde hace más de un año a un grupo de taxistas vinculados a Solidaridad Hispalense del Taxi, asociación señalada en distintos informes policiales por ejercer un supuesto control sobre la parada del aeropuerto sevillano.
Las pesquisas incluyen presuntos delitos de organización criminal, amenazas, daños y coacciones contra otros conductores y profesionales de VTC.
Los investigadores sostienen que el grupo habría actuado durante años para impedir que otros taxistas trabajaran en el aeropuerto, considerado uno de los puntos más rentables del servicio en Sevilla.
El atestado policial incorporado a la causa recoge denuncias por agresiones, sabotajes a vehículos y amenazas continuadas a conductores ajenos al colectivo dominante.
La operación policial provocó además cambios en la organización del servicio del aeropuerto. El Ayuntamiento implantó un sistema rotatorio para repartir los servicios entre los cerca de 1.800 taxistas de la ciudad y evitar que un grupo reducido mantuviera el control exclusivo de la parada.
Con la revocación de las medidas cautelares, los 26 investigados podrán volver a operar con normalidad en el aeropuerto mientras la instrucción judicial entra en su recta final. El juzgado mantiene abierta la causa y todavía no ha decidido si el procedimiento terminará en juicio contra los conductores investigados.