La huelga educativa en Sevilla deja cifras enfrentadas y van del 60% que denuncia Ustea al 3,6% de la Junta de Andalucía
Según los datos comunicados por la Junta, en Sevilla se registraron 867 ausencias entre los 23.835 docentes contabilizados, lo que equivale aproximadamente al 3,6% de la plantilla provincial
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La huelga educativa del 11 de noviembre ha dejado en Sevilla dos balances muy diferentes sobre la participación del profesorado. Paradójicamente el sindicato Ustea asegura que el seguimiento alcanzó el 60%, los registros oficiales de la Junta de Andalucía sitúan la incidencia en la provincia en el 3,6%.
La movilización, impulsada junto a la Asamblea Andaluza por la Educación Pública, también llevó a miles de manifestantes al centro de la capital para reclamar cambios en la gestión de los centros públicos.
La protesta reunió a docentes, estudiantes, familias y representantes de distintas organizaciones sociales y políticas. Los convocantes calcularon una asistencia de unas 10.000 personas, una estimación que no cuenta con una verificación independiente en la información disponible.
La marcha comenzó en la Alameda de Hércules y terminó en las Setas, pese a las condiciones meteorológicas adversas asociadas al temporal Charles.
La Junta de Andalucía contabiliza 867 ausencias docentes en Sevilla
La principal discrepancia de la jornada está en los porcentajes de participación. Ustea sostiene que seis de cada diez docentes secundaron la convocatoria, mientras que la Administración autonómica ofrece cifras considerablemente inferiores.
Según los datos comunicados por la Junta, en Sevilla se registraron 867 ausencias entre los 23.835 docentes contabilizados, lo que equivale aproximadamente al 3,6% de la plantilla provincial.
En el conjunto de Andalucía, el porcentaje oficial de seguimiento del profesorado fue del 3,9%. Estos registros proceden de la información trasladada por las direcciones de los centros educativos mediante la plataforma Séneca.
Las cifras oficiales difundidas durante la jornada corresponden a los datos disponibles a las 12.30 horas. La información consultada no permite establecer las razones concretas de la diferencia entre las estimaciones sindicales y las administrativas.
En cuanto al personal no docente, la Administración contabilizó 281 ausencias sobre una plantilla andaluza de 21.291 trabajadores, equivalente al 1,3%.
Menos alumnos por clase y más docentes, entre las principales reivindicaciones
Más allá de los porcentajes, la movilización puso el foco en las condiciones de funcionamiento de la enseñanza pública andaluza.
Entre las principales reclamaciones figuran la reducción del número de estudiantes por aula, el incremento de las plantillas docentes y la incorporación de profesionales especializados para atender al alumnado con necesidades educativas diversas.
Los convocantes también reclaman mayor estabilidad para el profesorado interino y mejores condiciones laborales.
Uno de los asuntos que concentra las críticas sindicales es la evolución de las unidades escolares públicas. Ustea denuncia que desde 2019 se han perdido más de 2.750 aulas públicas en Andalucía, una cifra atribuida al sindicato que no ha podido contrastarse de forma independiente con los datos disponibles.
La organización considera que la disminución de la natalidad debería aprovecharse para reducir el tamaño de los grupos y mejorar la atención individualizada, en lugar de traducirse en nuevas supresiones de unidades educativas.
Las infraestructuras escolares y las sustituciones también centran las protestas
Las reivindicaciones incluyen actuaciones sobre los edificios educativos, especialmente para mejorar sus condiciones térmicas y avanzar en la bioclimatización de las instalaciones.
También se exige que las bajas del profesorado puedan cubrirse desde el primer día, evitando que las ausencias prolongadas repercutan en la organización de las clases.
Otro punto señalado por los convocantes es la carga administrativa y laboral que soportan las plantillas.
Durante la huelga se establecieron servicios mínimos para los centros de enseñanza no universitaria. Estos contemplaban la presencia de un integrante del equipo directivo y entre uno y tres docentes adicionales, dependiendo del número de estudiantes menores de edad.
En los centros con comedor escolar también debía garantizarse la presencia de personal para atender el servicio de alimentación.
Estas obligaciones permitían mantener determinadas funciones esenciales durante la protesta, aunque no implicaban el desarrollo habitual de toda la actividad educativa. La jornada terminó con una amplia distancia entre las cifras de participación ofrecidas por los sindicatos y la Administración, mientras las reivindicaciones sobre recursos y personal seguían presentes en la movilización.