La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado la contratación presuntamente irregular de Candelaria María Aparicio Méndez, sobrina del histórico líder sindical Cándido Méndez, en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). El informe, que forma parte de una investigación sobre 84 contrataciones sospechosas, corrobora lo denunciado por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF): la existencia de enchufes en la fundación pública, con vínculos familiares y políticos como presunto criterio de acceso al empleo.
Según la documentación recabada, Aparicio Méndez trabajó en cuatro periodos distintos entre 2004 y 2011, sin que exista evidencia de un proceso selectivo reglado en ninguna de esas ocasiones. La Guardia Civil no ha hallado convocatorias, méritos documentados, ni baremación objetiva para justificar su contratación, ascensos o la posterior consolidación de su puesto en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al que accedió tras la disolución de la Faffe.
Una entrevista de “trámite” en Faffe
Uno de los elementos más reveladores del informe es el testimonio de la entonces gerente provincial de la Faffe en Jaén, quien reconoció haber recibido una llamada directa de la dirección en Sevilla para contratar a la sobrina del ex secretario general de UGT. Según su declaración, la entrevista realizada a la candidata fue meramente “de trámite”, puesto que la decisión ya estaba tomada. «¿Te imaginas por qué?», le dijo su superior. Ella lo entendió: “sabía que era sobrina de Cándido Méndez”.
Esta contratación sin concurso público se suma a otras promociones internas igualmente opacas. La UCO documenta un ascenso firmado en 2010 por el exdirector de la Faffe, Fernando Villén —condenado por el escándalo de los pagos en prostíbulos con tarjetas de la fundación—, que colocó a Aparicio Méndez como coordinadora de la gerencia provincial sin ningún procedimiento de promoción interno transparente.
Un modus operandi extendido
La conclusión de la UCO es contundente: en el caso de la sobrina de Méndez, “la Faffe habría actuado como si se tratara de una entidad privada, obviando los principios legales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad exigibles al sector público”. Para los investigadores, este caso “refuerza la hipótesis de contrataciones arbitrarias, determinadas por vínculos personales y políticos”.
Aunque el atestado se centra en este caso concreto, deja entrever una cultura organizativa en la Faffe donde la contratación y promoción del personal estaba, presuntamente, sometida a criterios subjetivos. Esta situación podría implicar responsabilidades administrativas y penales por parte de los responsables de la entidad.
Una excepción entre las irregularidades de la Faffe
Frente a este escenario generalizado de discrecionalidad, la Guardia Civil destaca un caso que sí se habría acercado a los principios legales de contratación pública: el del hijo del exdiputado socialista Ramón Díaz Alcaraz. A pesar de ciertas deficiencias formales, su selección —según el atestado— contó con un proceso de entrevistas y una valoración documentada, y se produjo años antes de que su padre fuera parlamentario, descartando un vínculo directo entre su contratación y posibles influencias políticas.
Un modelo fallido de gestión pública
Este nuevo capítulo del caso Faffe pone nuevamente en entredicho la gestión de los recursos humanos en esta fundación creada por la Junta de Andalucía para formar y emplear a personas desempleadas. En lugar de ser un instrumento de integración laboral, los investigadores apuntan a que la Faffe funcionó como un «coladero» para enchufes políticos y familiares, vulnerando flagrantemente los principios básicos del empleo público.
Con este atestado, la Guardia Civil refuerza la gravedad de las acusaciones sobre el uso partidista y clientelar de una fundación que debería haber estado al servicio de los más vulnerables. Los tribunales tendrán ahora la última palabra sobre las posibles consecuencias penales y administrativas que podrían derivarse de estas prácticas.
