La decisión sobre la mezquita de Sevilla desata un nuevo choque entre el alcalde José Luis Sanz y Vox
José Luis Sanz defiende la licencia de la mezquita de Sevilla y rechaza que existan motivos para romper el acuerdo con Vox
La concesión de la licencia para el futuro centro cultural islámico promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla en el Polígono Sur ha abierto un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Sevilla.
Mientras Vox ha elevado el tono de sus críticas y ha llegado a plantear la ruptura de su acuerdo con el Gobierno municipal, el alcalde, José Luis Sanz, ha defendido que la resolución responde exclusivamente al cumplimiento de la normativa urbanística y no a una decisión de carácter político.
El regidor ha insistido en que el expediente ha seguido el procedimiento administrativo habitual y ha rechazado que el Ayuntamiento pudiera denegar una licencia cuando los informes técnicos y jurídicos concluyen que el proyecto cumple los requisitos exigidos.
En ese marco, también ha negado haber incurrido en ninguna actuación irregular y ha recordado que la concesión de licencias constituye un acto reglado cuando la documentación presentada se ajusta a la legislación vigente.
Una licencia respaldada por los informes técnicos
La autorización fue aprobada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo después de que los servicios municipales completaran los informes solicitados durante las últimas semanas.
Esos documentos concluyeron que el uso previsto es compatible con la calificación urbanística de la parcela y que no existían razones legales para exigir un procedimiento extraordinario de participación ciudadana, como reclamaba Vox.
El proyecto contempla la construcción de un centro cultural islámico de más de 6.000 metros cuadrados. Aproximadamente un millar de metros cuadrados estarán destinados al espacio de culto, mientras que el resto albergará aparcamientos, salas polivalentes, despachos, cafetería, espacios expositivos y otros servicios vinculados a la actividad del complejo. La iniciativa se desarrollará sobre suelo privado adquirido por la entidad promotora.
Desde el Ayuntamiento se ha mantenido durante toda la tramitación que la administración no dispone de margen para rechazar un proyecto que cumple la normativa urbanística, ya que hacerlo supondría vulnerar el principio de seguridad jurídica. Esa misma posición ya había sido expresada por el alcalde antes de la aprobación definitiva de la licencia.
Vox endurece su posición tras la aprobación
La decisión municipal ha incrementado la tensión entre el Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento sevillano. La formación había solicitado la retirada del expediente, defendiendo la necesidad de abrir un proceso participativo entre los vecinos del entorno antes de autorizar las obras.
Entre sus argumentos figuraba la consideración de que el espacio religioso tendría un peso principal dentro del conjunto proyectado, una interpretación que no fue compartida por los informes elaborados por la Gerencia de Urbanismo.
Tras conocerse la concesión de la licencia, Vox reiteró su rechazo al proyecto y volvió a cuestionar la decisión adoptada por el Gobierno municipal.
El alcalde, por su parte, considera que esa discrepancia política no altera la obligación del Ayuntamiento de aplicar la legislación vigente. En sus declaraciones ha defendido que las diferencias ideológicas no pueden modificar el sentido de una resolución administrativa cuando los requisitos legales se cumplen.
El proyecto reabre un debate político en Sevilla
La construcción del centro cultural islámico llevaba varias semanas generando debate público. A comienzos de julio, el expediente fue retirado temporalmente del orden del día de la comisión de Urbanismo para recabar nuevos informes técnicos y jurídicos tras las objeciones presentadas por Vox.
Una vez completado ese análisis, el Ayuntamiento de Sevilla decidió continuar con la tramitación y aprobar finalmente la licencia.
La decisión sitúa ahora el foco en la relación política entre el Gobierno municipal y Vox, que había advertido de posibles consecuencias para su acuerdo con el Partido Popular.
Entre tanto, desde el Consistorio se insiste en que la actuación administrativa se ha limitado a aplicar la normativa urbanística vigente y que cualquier resolución distinta habría carecido de respaldo legal.