La Audiencia de Sevilla mantiene en prisión al investigado por la muerte de un trabajador de un puñetazo tras una discusión de tráfico
La Audiencia de Sevilla mantiene en prisión al investigado por la muerte de un trabajador tras una discusión de tráfico
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la situación de prisión provisional, eludible mediante una fianza de 40.000 euros, para el hombre investigado por la muerte de Ángel Luis V.V., ocurrida después de una discusión de tráfico en Los Remedios.
El tribunal rechaza tanto la petición de la defensa para conseguir su libertad sin fianza o rebajarla a 6.000 euros como el intento de la acusación particular de impedir que pueda abandonar la cárcel mediante el pago de esa cantidad.
La resolución mantiene además abierta una cuestión decisiva para el futuro del procedimiento: si los hechos deben considerarse un homicidio imprudente o pueden terminar siendo calificados como homicidio doloso.
Una discusión de tráfico que terminó con una muerte
Los hechos investigados ocurrieron el 6 de mayo de 2026 en la confluencia de la avenida Flota de Indias y la calle Virgen del Águila, en Sevilla. Según recoge la resolución judicial, el investigado tuvo que frenar bruscamente para evitar atropellar a un hombre que, aparentemente, estaba cruzando con el semáforo en rojo.
A partir de ese incidente comenzó una discusión. El conductor se bajó de su vehículo, se dirigió hacia el otro hombre y le propinó un puñetazo en la cara. La víctima cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
El traumatismo craneoencefálico sufrido como consecuencia de la caída acabó provocando su fallecimiento dos días después, el 8 de mayo. La víctima participaba en las labores vinculadas al desmontaje de la Feria de Abril.
La Audiencia pone el foco en la intensidad de la agresión y considera relevante que se produjera dentro de una situación cotidiana derivada del tráfico. Para los magistrados, la gravedad de los hechos y los indicios existentes justifican que continúe vigente la medida cautelar.
El riesgo de fuga pesa en la decisión de los magistrados
La defensa había solicitado que el investigado quedara en libertad provisional sin necesidad de depositar dinero. Como alternativa, planteó reducir la fianza hasta los 6.000 euros.
Argumentó, entre otras cuestiones, que el encarcelamiento le había hecho perder su empleo, con cuyos ingresos pagaba el alquiler de la vivienda que compartía con su pareja, y negó que existiera un riesgo real de que tratara de sustraerse a la acción de la Justicia.
La Sala no comparte esa valoración. Considera que siguen presentes los motivos que llevaron inicialmente al ingreso en prisión y señala especialmente la gravedad del delito investigado y las penas que podrían imponerse.
El tribunal entiende que una eventual condena elevada incrementa el riesgo de fuga. En el escenario penal más grave que contempla actualmente la causa, y siempre dependiendo de las pruebas que finalmente se practiquen en juicio, la pena podría alcanzar los 15 años de cárcel.
También recuerda que el tiempo que el investigado lleva privado de libertad todavía es reducido respecto a los límites legales de la prisión provisional.
La calificación del homicidio sigue abierta
Uno de los puntos centrales del procedimiento está ahora en determinar el alcance penal de lo sucedido. La Fiscalía considera que los hechos pueden encajar en un homicidio por imprudencia grave, mientras que la acusación particular sostiene que todavía debe contemplarse la posibilidad de un homicidio doloso. La Audiencia no cierra esta segunda vía.
Esa diferencia resulta importante porque modifica considerablemente las posibles penas. La propia resolución señala que un homicidio imprudente puede situarse en una horquilla inferior, mientras que un homicidio doloso podría conllevar entre diez y quince años de prisión.
La evolución de la investigación, especialmente las declaraciones de los testigos y las conclusiones forenses, ha permitido plantear la alternativa del homicidio imprudente.
Esa posibilidad es precisamente uno de los factores que justifican, según la Sala, que el investigado tenga la opción de abandonar la prisión si deposita los 40.000 euros.
Los magistrados tampoco aceptan reducir esa cantidad hasta los 6.000 euros solicitados por la defensa. Consideran necesario que la fianza tenga suficiente entidad para actuar como garantía de que el investigado comparecerá ante la Justicia y que el procedimiento podrá continuar hasta el correspondiente enjuiciamiento.