La Audiencia de Sevilla confirma las condenas a tres menores por robos y agresiones y descarta su vínculo con bandas latinas
Condenados por robos y agresiones en Sevilla, pero la Justicia niega que fueran una banda juvenil violenta
La Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado la condena impuesta a tres menores implicados en una serie de agresiones, robos con intimidación, amenazas y vejaciones cometidas entre finales de 2022 y principios de 2023 en la capital hispalense, en un caso que en su momento fue vinculado policialmente a la aparición de bandas latinas en la ciudad.
No obstante, la resolución judicial rechaza que los acusados formaran parte de una organización criminal juvenil o de una banda violenta estructurada, desmontando así una de las principales hipótesis que rodearon la conocida como "Operación Cripman".
La Justicia rechaza la existencia de una banda criminal organizada
Los hechos se remontan al último trimestre de 2022, cuando comenzó a investigarse una serie de episodios violentos protagonizados por varios menores de edad en distintos puntos de Sevilla.
La Policía Nacional enmarcó inicialmente el caso dentro de su estrategia contra bandas juveniles violentas y lo bautizó como "Operación Cripman" al considerar que detrás de los sucesos podía encontrarse una célula relacionada con los Crips, la conocida pandilla originaria de Los Ángeles.
La investigación arrancó después de que se difundiera en redes sociales una fotografía en la que dos jóvenes aparecían con pañuelos azules y realizando gestos que, según los investigadores, podían vincularse con simbología de dicha banda.
Aquella publicación habría desencadenado una cadena de amenazas y agresiones por parte de otros menores que reprochaban a las víctimas el uso de esos símbolos.
No obstante, durante el proceso judicial no quedó acreditado que existiera una estructura criminal organizada ni que los acusados actuaran como integrantes de una banda.
El Juzgado de Menores número 1 de Sevilla concluyó en su sentencia, dictada en junio de 2025, que aunque los implicados cometieron delitos graves, no se probó su integración en un grupo dedicado de forma estable a actividades ilícitas.
La Audiencia de Sevilla ha respaldado ahora íntegramente esa interpretación, subrayando que el hecho de que uno de los menores se fotografiara con estética asociada a los Crips no constituye prueba suficiente para sostener la pertenencia a una organización criminal.
Amenazas, robos y agresiones durante varios meses en Sevilla
La causa judicial describe varios episodios violentos cometidos en cadena durante semanas. El primero tuvo lugar el 26 de noviembre de 2022, cuando tres jóvenes fueron interceptados cerca de su instituto por varios menores, entre ellos dos de los condenados.
Durante ese encuentro, uno de ellos exigió a las víctimas cinco euros como supuesta “deuda” por aparecer en la fotografía utilizando simbología de los Crips.
Ante la negativa de los jóvenes, comenzaron las intimidaciones. Uno de ellos fue cacheado y obligado a entregar tres euros y unos guantes, mientras que el resto recibió amenazas para pagar en el plazo de una semana.
Los hechos se repitieron el 29 de diciembre, cuando uno de los condenados golpeó por la espalda a una de las víctimas en un parque y volvió a exigirle dinero. Posteriormente, llegó incluso a amenazar de muerte tanto al menor como a su familia mediante llamadas telefónicas.
Días después, el 4 de enero de 2023, otro de los afectados fue nuevamente interceptado cerca del centro escolar. En esa ocasión, los agresores le registraron los bolsillos por la fuerza y le sustrajeron un cigarrillo electrónico.
Ese mismo día se produjo además uno de los episodios más graves de toda la causa, cuando otro menor fue forzado a arrodillarse mientras era brutalmente golpeado por dos encapuchados delante de varios jóvenes. La agresión fue grabada en vídeo con un teléfono móvil y posteriormente difundida a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Confirmadas las penas y rechazado el recurso de la Fiscalía
La sentencia impone la pena más severa al principal acusado, de 16 años en el momento de los hechos, condenado a 18 meses de internamiento en régimen semiabierto por dos delitos de robo con intimidación, extorsión y tentativa de robo con violencia.
El segundo menor implicado fue condenado a 24 meses de libertad vigilada, además de la obligación de recibir tratamiento psicológico, asistir a terapia familiar y participar en talleres de control de impulsos. Ambos deberán indemnizar a las víctimas junto a sus respectivos padres.
Por su parte, el tercer acusado, que grabó la agresión difundida posteriormente en redes sociales, fue condenado a 14 meses de libertad vigilada por un delito contra el derecho a la propia imagen y revelación de secretos, además de diversas medidas de carácter terapéutico.
La Fiscalía recurrió la sentencia al considerar insuficientes algunas de las penas impuestas y reclamar mayor castigo para dos de los menores, incluyendo nuevas medidas de internamiento. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha desestimado íntegramente ese recurso.
El tribunal considera que las medidas acordadas por la magistrada de Menores son proporcionadas y ajustadas a la gravedad de los hechos, respaldando plenamente el criterio seguido en primera instancia.
De esta forma, la resolución consolida la condena de los tres menores, pero también deja claro que sus actos, pese a su gravedad, no pueden encuadrarse jurídicamente como acciones propias de una banda juvenil violenta organizada.