Agentes de la Policía Nacional registrando un coche en las Tres Mil Viviendas.

El Polígono Sur responde al debate de la mezquita: "El problema no es ese, es la droga"

La comunidad musulmana del Polígono Sur reivindica su lugar en Sevilla tras la aprobación de la futura mezquita

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La aprobación de la licencia para construir el futuro Centro Cultural Islámico de Sevilla ha reactivado el debate en torno al proyecto previsto junto al Polígono Sur.

Mientras la controversia política continúa en el Ayuntamiento, representantes de la comunidad musulmana insisten en trasladar un mensaje de integración y recuerdan que quienes impulsan la iniciativa forman parte de la realidad social de la ciudad. "También somos Sevilla", sostienen, rechazando que la futura mezquita deba entenderse como un problema para el barrio.

Un proyecto que supera el uso religioso

La licencia concedida por la Gerencia de Urbanismo permite avanzar en una iniciativa promovida por la Fundación Mezquita de Sevilla, que llevaba años pendiente de autorización administrativa. Los informes técnicos y jurídicos municipales concluyeron que el proyecto se ajusta al planeamiento urbanístico y que no existían motivos legales para denegar el permiso.

El complejo contempla un espacio destinado al culto junto a otras dependencias concebidas para actividades culturales, educativas y sociales. Entre los usos previstos figuran salas polivalentes, espacios para formación, oficinas y otros servicios complementarios, en una actuación financiada con recursos privados, según han explicado los promotores.

Desde la fundación impulsora sostienen que el objetivo pasa por crear un lugar abierto a la ciudadanía y favorecer la convivencia entre vecinos de diferentes orígenes.

También han defendido que buena parte de la comunidad musulmana residente en Sevilla está plenamente integrada en la vida cotidiana de la ciudad y rechazan que el proyecto pueda identificarse con procesos de radicalización o confrontación social.

La decisión mantiene la tensión política

La concesión de la licencia no ha cerrado la polémica. Vox mantiene su oposición al proyecto y había solicitado paralizar la autorización, además de reclamar fórmulas de participación ciudadana antes de continuar con la tramitación.

El Ayuntamiento respondió que la concesión de una licencia urbanística constituye un acto reglado que debe resolverse conforme a la legislación vigente cuando el expediente cumple todos los requisitos.

La aprobación definitiva ha provocado un nuevo episodio de tensión entre el grupo municipal del Partido Popular y Vox. El alcalde José Luis Sanz ha defendido públicamente que el Consistorio no podía apartarse de los criterios marcados por los informes técnicos y jurídicos sin vulnerar la legalidad.

Durante las últimas semanas también se han producido movilizaciones de vecinos contrarios a la construcción del centro, quienes reclaman que el barrio necesita otras inversiones prioritarias. Paralelamente, los promotores han insistido en que el proyecto es privado y que su desarrollo no supone financiación con fondos públicos.

Los impulsores apelan a la convivencia

Frente al clima de confrontación, la entidad promotora ha reiterado su disposición a explicar el contenido del proyecto y mantener reuniones con quienes tengan dudas sobre la futura instalación. Su mensaje se centra en desvincular la iniciativa de la disputa política y en presentar el complejo como un espacio destinado tanto a la práctica religiosa como a actividades abiertas al entorno.

La construcción del centro representa uno de los proyectos religiosos más relevantes planteados en Sevilla durante los últimos años y vuelve a situar sobre la mesa el debate entre libertad religiosa, integración y planificación urbanística.

Mientras la licencia ya ha sido concedida, el desarrollo de las obras se produce en un contexto marcado por posiciones enfrentadas entre partidos políticos, colectivos vecinales y la comunidad musulmana, que insiste en reivindicar su pertenencia a la ciudad y en defender que la futura mezquita no debe interpretarse como un elemento de conflicto, sino como una infraestructura destinada a ampliar los servicios comunitarios previstos para ese espacio.

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