El Ayuntamiento de Sevilla pide el cese del ministro Óscar Puente tras el bloqueo de una obra básica para miles de conductores
La crisis del Puente del Centenario da un salto político: Sevilla exige la salida de Óscar Puente
El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado la presión política sobre el Ministerio de Transportes tras aprobar una moción que solicita el cese de Óscar Puente por la situación de las obras de ampliación del Puente del Centenario, una de las infraestructuras más transitadas de la ciudad.
La iniciativa salió adelante en el Pleno municipal con los votos favorables del PP y Vox, mientras que PSOE y Con Podemos-IU votaron en contra. El debate vuelve a colocar en el centro de la discusión el futuro de un proyecto estratégico para la movilidad sevillana que acumula retrasos, sobrecostes y un creciente enfrentamiento institucional.
El Pleno exige responsabilidades por la situación de la obra del Centenario
La moción impulsada por el gobierno municipal de José Luis Sanz reclama la destitución del ministro de Transportes al considerarlo responsable político de la gestión de una infraestructura de titularidad estatal cuya ampliación atraviesa uno de sus momentos más delicados.
El texto aprobado también exige un informe detallado sobre las causas de los retrasos, el estado actual de los trabajos y los riesgos derivados de una posible interrupción de las obras.
Además, el Ayuntamiento solicita medidas extraordinarias que permitan garantizar la continuidad del proyecto y reclama la puesta en marcha de un sistema de control y seguimiento que asegure el cumplimiento de los plazos previstos.
La propuesta fue defendida por el PP como una respuesta a una situación que considera insostenible para la movilidad de Sevilla y su área metropolitana.
El Puente del Centenario forma parte de la SE-30 y soporta diariamente una elevada intensidad de tráfico. Su ampliación fue concebida para aliviar uno de los principales cuellos de botella de la red viaria sevillana. Sin embargo, los retrasos acumulados han convertido la actuación en un foco permanente de críticas entre administraciones y agentes económicos.
La rescisión del contrato agrava la incertidumbre
La situación se complicó aún más cuando la unión temporal de empresas encargada de la obra, liderada por Acciona junto a Freyssinet y Tecade, solicitó la rescisión del contrato. La constructora alegó discrepancias relacionadas con las modificaciones del proyecto y con el incremento de costes registrado durante la ejecución de los trabajos.
Según las informaciones conocidas en los últimos meses, el presupuesto inicial de la actuación ha experimentado importantes incrementos debido a factores técnicos y económicos.
El Ministerio de Transportes rechazó una nueva modificación presupuestaria que habría elevado todavía más el coste de la intervención, una decisión que desembocó en el conflicto con la empresa adjudicataria.
Desde el departamento que dirige Óscar Puente se ha defendido que la obra no quedará paralizada y que existen mecanismos legales para garantizar la seguridad de la infraestructura mientras se prepara una nueva licitación para completar los trabajos pendientes.
Aun así, la incertidumbre sobre los plazos ha generado preocupación entre sectores empresariales y usuarios habituales de la SE-30.
Una infraestructura clave para la movilidad de Sevilla
La ampliación del Puente del Centenario fue adjudicada con el objetivo de aumentar la capacidad de una infraestructura inaugurada en 1991 y considerada esencial para las conexiones entre distintos puntos de la capital andaluza y su entorno metropolitano.
La actuación debía contribuir a reducir los problemas de congestión que se registran desde hace años en el acceso sur de la ciudad.
La polémica llega además en un momento de máxima tensión política en torno a las inversiones estatales en Sevilla. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía han reclamado en repetidas ocasiones una mayor agilidad en proyectos estratégicos vinculados a la movilidad y las infraestructuras.
Con la moción ya aprobada, el Ayuntamiento trasladará formalmente el acuerdo al Gobierno de España y al Ministerio de Transportes. Mientras tanto, la continuidad de las obras y la futura adjudicación de los trabajos pendientes siguen siendo dos de las principales incógnitas sobre una infraestructura que continúa condicionando el tráfico diario de miles de conductores en Sevilla.