El Ayuntamiento de Sevilla concederá la licencia para la mezquita del Polígono Sur al considerar que la ley obliga a tramitarla
El Ayuntamiento de Sevilla desoye a Vox y concederá la licencia de la mezquita por una razón legal
El Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia de Urbanismo, Vox y la Fundación Mezquita de Sevilla vuelven a situarse en el centro del debate sobre el futuro centro cultural islámico proyectado en el Polígono Sur.
Tras varias semanas de controversia política y revisión administrativa, el gobierno municipal mantiene que, si el expediente cumple los requisitos legales y técnicos, la licencia de obras deberá concederse porque actuar de otra forma supondría incumplir la normativa urbanística vigente.
La posición del ejecutivo local llega después de que la tramitación fuese aplazada para solicitar informes técnicos y jurídicos adicionales tras las alegaciones registradas por Vox.
El Ayuntamiento de Sevilla defendió entonces que retirar temporalmente el asunto del orden del día respondía a una práctica habitual destinada a reforzar las garantías legales antes de adoptar una resolución definitiva.
Mezquita: el expediente urbanístico continúa tras la revisión de los informes
El proyecto contempla la construcción de un centro cultural islámico que incorpora un espacio de culto en una parcela privada situada en el entorno del Polígono Sur.
La iniciativa está promovida por la Fundación Mezquita de Sevilla y fue diseñada por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, según la documentación difundida por los promotores.
Durante la tramitación, Vox presentó un escrito solicitando que la licencia no siguiera adelante al entender que el uso religioso tendría un peso principal dentro del complejo y reclamó un proceso de participación ciudadana antes de cualquier autorización.
Estas objeciones motivaron la petición de nuevos informes técnicos y jurídicos por parte de la Gerencia de Urbanismo antes de resolver el expediente.
Una vez analizada la documentación, la posición expresada por el gobierno municipal es que la resolución debe ajustarse exclusivamente a la legalidad urbanística.
El alcalde ya había defendido anteriormente que las convicciones ideológicas no pueden situarse por encima de las normas que regulan la concesión de licencias administrativas.
El enfrentamiento político mantiene abierto el debate sobre la mezquita
La controversia ha trascendido el ámbito estrictamente urbanístico y se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política en el Ayuntamiento de Sevilla.
Vox mantiene su rechazo al proyecto y sostiene que la construcción del complejo debería someterse a un proceso de consulta o participación ciudadana. La formación considera que el impacto del edificio justifica un debate vecinal previo antes de autorizar las obras.
Por su parte, el alcalde se mostró dispuesto días atrás a estudiar mecanismos de participación siempre que los informes técnicos los considerasen compatibles con la tramitación administrativa, aunque insistió en que cualquier decisión final debe respetar el marco legal aplicable al expediente.
Los promotores defienden que el proyecto cumple la normativa
La Fundación Mezquita de Sevilla ha defendido desde el inicio que la iniciativa se desarrolla sobre suelo privado adquirido con financiación privada y que su construcción no supondrá coste alguno para las administraciones públicas.
La entidad también sostiene que el complejo pretende ampliar la oferta cultural del barrio y que el procedimiento seguido es el mismo que corresponde a cualquier otro proyecto urbanístico.
Los responsables del proyecto han insistido además en que la concesión de la licencia debe depender únicamente del cumplimiento de los requisitos legales, llegando a afirmar en ocasiones anteriores que una negativa sin respaldo jurídico constituiría una anomalía administrativa.
También han rechazado las acusaciones sobre una supuesta "islamización" del entorno y defienden que la comunidad musulmana forma parte de la realidad social de Sevilla desde hace décadas.
Con la resolución del expediente cada vez más próxima, el caso se ha convertido en un ejemplo del equilibrio que las administraciones deben mantener entre el debate político y la aplicación de la normativa urbanística.
La decisión final marcará el futuro del proyecto y servirá también como referencia sobre el alcance de los criterios técnicos frente a las discrepancias partidistas en este tipo de autorizaciones administrativas.