Dos avisos, un informe y ninguna respuesta: la familia de Sandra Peña exige justicia
Los padres de Sandra Peña exigen responsabilidades al colegio tras el suicidio de la menor
Los padres de Sandra Peña han intensificado sus reclamaciones contra el colegio en el que estudiaba su hija, tras considerar que existieron fallos graves en la gestión del acoso escolar que la menor venía sufriendo antes de su fallecimiento.
La familia sostiene que el centro educativo no actuó conforme a los protocolos establecidos, pese a que se habían presentado denuncias formales y un informe psicológico que alertaba de la situación.
Esta percepción ha llevado a los progenitores a exigir medidas contundentes y a iniciar acciones legales para depurar responsabilidades.
Según relatan, la madre de la menor acudió en varias ocasiones al colegio para comunicar el problema y solicitar la activación de los mecanismos previstos ante posibles casos de acoso y riesgo autolítico.
Estas peticiones se produjeron después de que una profesional de la psicología evaluara a la adolescente y recomendara medidas urgentes de intervención. Sin embargo, la familia asegura que, pese a recibir garantías verbales, dichos protocolos nunca llegaron a ponerse en marcha.
La madre sostiene que el colegio no solo incumplió su deber de actuación, sino que también trasladó información que, a su juicio, no se correspondía con la realidad.
Afirma que se aseguró la apertura de los procedimientos internos, algo que posteriormente comprobaron que no había sucedido.
Esta situación ha generado un profundo malestar en la familia, que considera que se produjo una cadena de negligencias.
El padre de la menor ha insistido en que su objetivo es que se asuman responsabilidades individuales y colectivas.
En este sentido, no descarta que las posibles acciones judiciales se dirijan tanto contra la institución educativa como contra miembros concretos de su dirección o del profesorado.
La familia insiste en que lo ocurrido no puede quedar sin consecuencias y que debe servir para evitar situaciones similares en el futuro.
Además, han denunciado que la comunicación posterior por parte del centro fue insuficiente y, en algunos casos, inapropiada. Señalan que recibieron contactos relacionados con cuestiones administrativas, como autorizaciones o devoluciones económicas, pero no una respuesta institucional clara ante la gravedad de lo sucedido.
Algunos mensajes de apoyo llegaron, pero a título individual de profesores y no como posicionamiento oficial del colegio.
Vía judicial y actuación de la Fiscalía en el caso de la muerte de Sandra Peña
En paralelo a las reclamaciones públicas, la familia trabaja con su equipo jurídico en la presentación de una querella. Aunque aún no se ha definido con precisión el alcance de la misma, se prevé que se formalice en breve.
Los representantes legales consideran que existen indicios suficientes para que se investigue si hubo omisión de deberes por parte del centro educativo.
El entorno familiar sostiene que la falta de activación de los protocolos establecidos constituye un elemento clave que debe ser analizado en profundidad.
En su opinión, la existencia de denuncias previas y de informes profesionales refuerza la necesidad de esclarecer qué decisiones se tomaron y por qué no se actuó conforme a lo previsto.
Por su parte, la Fiscalía mantiene abiertas dos líneas de investigación.
Una de ellas se centra en determinar si hubo participación de otras menores en situaciones de acoso, mientras que la segunda analiza la actuación del centro educativo y la posible responsabilidad de sus responsables.
Ambas investigaciones continúan en curso y buscan esclarecer todas las circunstancias que rodearon el caso.
La familia ha valorado positivamente el trabajo del Ministerio Público, destacando el esfuerzo por recabar información y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, insiste en que el proceso debe concluir con medidas concretas que garanticen la rendición de cuentas.
El caso ha reavivado el debate sobre la eficacia de los protocolos contra el acoso escolar y la necesidad de reforzar su aplicación real en los centros educativos.
Para los padres de Sandra, más allá del proceso judicial, el objetivo es que ninguna otra familia tenga que enfrentarse a una situación similar sin respuestas claras ni actuaciones eficaces.