Arquillo bajo la lupa, la Hermandad de la Macarena estudia si hubo extralimitación profesional y posibles acciones legales
Apoyo contundente a una nueva restauración, esta vez bajo la dirección del conservador Pedro Manzano y la supervisión del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)
El verdadero eje del terremoto del cabildo extraordinario de la Hermandad de la Macarena se produjo en el punto de ruegos y preguntas. Allí, el profesor Francisco Arquillo y su hijo David —responsables de la polémica limpieza realizada a la imagen el pasado mes de junio— defendieron su actuación en una intervención que, según los informes técnicos, fue más allá de lo acordado.
El informe del IAPH, leído en el cabildo por José Luis Gómez Villa, jefe de intervención en el patrimonio del instituto, fue totalmente demoledor. El diagnóstico es inequívoco e indica que la imagen presenta “una alteración que afecta a soporte y policromía”. Se ha detectado, entre otras cosas, un “recrecimiento del volumen de los párpados superiores” y un “relleno parcial” en los inferiores.
El estudio, elaborado con fotografías, TAC, reconstrucciones 3D y radiografías, documenta una actuación que se extralimitó de una simple labor de conservación.
Según el IAPH, lo ejecutado por el equipo de los Arquillo no se corresponde con lo que la Junta de Gobierno les encomendó, y fue llevado a cabo sin la debida documentación técnica. Esto, según la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, podría vulnerar el principio de que las restauraciones no deben eliminar capas históricas sin justificación ni registro.
La intervención de los Arquillo a la Macarena
Durante el turno de palabra, Francisco Arquillo tomó el micrófono para explicar su particular versión de los hechos. Confirmó que se les negó participar en los puntos principales del orden del día, pese a haberlo solicitado por burofax. “Como un hermano más”, fue la respuesta del hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero.
El profesor defendió que sólo utilizaron agua destilada y disolventes orgánicos negando haber empleado productos agresivos. También mostró una fotografía de la Virgen tomada el 20 de junio —un día antes de la reposición de la Virgen al culto— para demostrar el estado en que la entregó. Según él, las pestañas se colocaron con un adhesivo que no llegó a secarse del todo y ello -según Arquillo- explicaría el desplazamiento que generó alarma en la imagen final.
David Arquillo, su hijo, por su parte, justificó la ausencia de un informe completo alegando que la Hermandad les exigió un informe “rápido”, cuando normalmente se tarda hasta nueve meses en elaborarlo.
La intervención de los Arquillo no apaciguó los ánimos, más bien hizo lo contrario. Varios hermanos exigieron la dimisión de la Junta y el adelanto de las elecciones previstas para noviembre. Uno de ellos criticó el “silencio” de Cabrero, el hermano mayor, en las últimas semanas y lo acusó de “abandono”.
Hubo preguntas duras y directas: ¿Por qué se permitió exponer la imagen si no se estaba conforme con el estado? ¿Qué criterios se usaron para seleccionar a las comisiones de supervisión? ¿Por qué se ha actuado con falta de ética en redes sociales hacia ciertos hermanos?
El hermano mayor, por su parte, optó por guardar silencio después de la intervención de los restauradores, en señal de respeto, según fuentes internas.
¿Habrá responsabilidades legales?
En paralelo al proceso de restauración que comenzará próximamente —aunque aún sin fecha—, la Hermandad no descarta acciones legales contra el equipo de los Arquillo, según informa El Correo de Andalucía. Todo depende ahora de lo que dictaminen sus asesores jurídicos tras estudiar los informes técnicos. Como explicó el arquitecto y conservador Rafael Manher, la clave está en si los restauradores realizaron alguna acción con algo distinto de lo que prometieron, es decir, si dijeron que harían “A” e hicieron “B”.
Por ahora, la Hermandad mantiene que el encargo se realizó con su autorización, lo que complica atribuir responsabilidades de forma unilateral. Pero de demostrarse una extralimitación no consentida, cabría la posibilidad de exigir indemnizaciones o incluso un reproche penal.
La imagen, una de las más queridas de la devoción popular andaluza, no está bajo la protección de ser Bien de Interés Cultural (BIC), lo que ha complicado aún más el proceso. De haberlo estado, se habría requerido aprobación previa por parte de la Junta de Andalucía.