Una madre sevillana, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato por motivos de seguridad, vive una situación límite. Desesperada, denuncia el abandono institucional que sufre mientras lucha por conseguir una vivienda adaptada para su hijo de 24 años, quien quedó con una lesión medular completa tras un grave accidente de tráfico en marzo. La mujer, víctima de violencia de género y actualmente de baja médica tras una operación por cáncer de útero, se enfrenta a un drama que acumula dolor, precariedad y falta de respuesta de las administraciones.
Desde marzo, cuando recibió la llamada que cambiaría su vida —su hijo había sido ingresado en estado crítico en la UCI de un hospital sevillano—, la mujer regresó a Sevilla con sus dos hijos menores y alquiló de urgencia un apartamento de apenas 25 metros cuadrados. El espacio, pensado como un alojamiento temporal, se ha convertido en una trampa de hacinamiento: la grúa que necesita su hijo para ser trasladado no cabe, la silla de ruedas no entra en el baño y, por falta de espacio, ella duerme en una colchoneta de playa en el suelo junto a su hijo menor, mientras su hija adolescente apenas cabe en un sofá.
«A mi hijo hay que levantarlo con una grúa porque no se le puede tocar la espalda, pero la grúa no cabe en el piso. La silla de ruedas no entra en el baño, así que lo estoy lavando en la cama», relata la madre a Diario de Sevilla, visiblemente agotada.
El contrato de alquiler finalizó el 30 de mayo y la inmobiliaria ya le ha reclamado las llaves, pero ella no tiene adónde ir. Cobra solo 580 euros al mes por una baja médica, lo que no le permite pagar los 800 euros de alquiler. Mientras tanto, su hijo continúa encamado, dependiente de cuidados constantes: cambio de pañales, sondajes cada seis horas, alimentación controlada. Su estado requiere una vivienda accesible y adaptada, algo que la familia no tiene ni parece estar cerca de conseguir.
Una lucha sin respuestas
La mujer asegura haber llamado a todas las puertas posibles: servicios sociales municipales, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Delegación del Gobierno, asociaciones de personas con discapacidad. A todas ellas ha entregado informes médicos que justifican su petición urgente. Sin embargo, la única respuesta obtenida, según denuncia, es que ya fue beneficiaria de una vivienda social años atrás, cuando por motivos de seguridad fue trasladada fuera de Andalucía al ser reconocida como víctima de violencia de género.
«Lo que me está pasando ahora no tiene nada que ver con lo de entonces», insiste. «No quiero hacer una locura, no quiero ocupar ninguna vivienda vacía —que hay muchas—, solo pido una solución, algo digno para mi hijo».
La mujer insiste en que no busca privilegios, sino una respuesta humana a una necesidad real y urgente. Reclama una vivienda adaptada que permita a su hijo vivir con la dignidad que merece y a ella, poder cuidarlo sin tener que dormir en el suelo.
Mientras las instituciones se remiten unas a otras, la familia sobrevive en condiciones inhumanas. Una historia que clama por atención inmediata, no solo por la gravedad de la situación sanitaria, sino por la negligencia institucional que la agrava.
«Estoy desesperada», repite esta madre. Y no es para menos.
